Nota: Este Tratado entró en vigor el 24.4.2014, y el MAEC lo comunica mediante escrito fechado el 28.4.2014, cuatro día después de su entrada en vigor (!!!).
Ponente: Sánchez Melgar, Julián.Nº de Sentencia: 1076/2012Nº de RECURSO: 10474/2012Jurisdicción: PENALDiario La Ley, Nº 8079, Sección La Sentencia del día, 9 May. 2013LA LEY 6627/2013
Nota: Véase la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional núm. 57/2008, de 28 de abril de 2008.
El autor aborda la STS 851/2012, de 24 de octubre, en la que el Tribunal establece un argumento doctrinal, contrario a los establecidos por la Audiencia Nacional, acerca de los criterios sobre la prescripción de los delitos, constando pendientes procedimientos de extradición respecto al presunto culpable.Nota: Véase la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 24 de octubre de 2012, núm. 851/2012, así como la entrada de este blog del día 11.2.2013.
El pasado 14 de enero de 2013 la Audiencia Nacional dictó una resolución que, por lo que se alcanza a ver, constituye una novedad no sólo en la jurisprudencia española, sino también en la europea. Sobre la base de la rica jurisprudencia del TJUE en torno al art. 54 CAAS, la Audiencia Nacional declara que no puede accederse a la extradición de un nacional europeo (austriaco) a un tercer país (Ucrania) por concurrencia de «cosa juzgada europea». Se consolida así la vigencia de un verdadero espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia donde no sólo se favorece la cooperación entre autoridades judiciales europeas, sino que se afianzan las garantías procesales de los ciudadanos europeos.
Los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han venido abundando en la necesidad de equiparación de los ciudadanos del Estado requerido de extradición con el resto de ciudadanos de la Unión Europea. En el presente artículo se aborda en qué modo dicho criterio jurisprudencial puede afectar a la ejecución de los diversos instrumentos extradicionales reconocidos en el ordenamiento jurídico español.Nota: Véase la sentencia del TJUE de 5.9.2012, en el Asunto C‑42/11 (Lopes Da Silva Jorge), y la sentencia del TJUE de 6.10.2009, en el Asunto C-123/08 (Wolzenburg). Véanse igualmente las entradas de este blog del día 5.9.2012 y del día 6.10.2009.
Ponente: Saavedra Ruiz, Juan.Nº de Sentencia: 851/2012Nº de RECURSO: 869/2012Jurisdicción: PENALDiario La Ley, Nº 8020, Sección Jurisprudencia, 11 Feb. 2013LA LEY 162472/2012
Nota: El Convenio, que se aplica provisionalmente desde el 24.6.2009, entra en vigor mañana, día 1 de septiembre. Con la entrada en vigor, queda anulado y reemplazado el Convenio de extradición de 30 de mayo de 1997.[BOE n. 209, de 31.8.2012]
Véase el texto del Convenio de 2009 y su corrección de errores. Véase igualmente la entrada del blog Conflictus Legum del día 2.10.2009, así como la entrada de este blog del día 2.3.2012.
Nota: España objeta la reserva formulada por Singapur al art. 8.1 de la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, hecha en Nueva York el 17 de diciembre de 1979. El mencionado precepto establece que "el Estado Parte en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no concede su extradición, estará obligado a someter el caso a las autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave de acuerdo con el derecho de tal Estado".[BOE n. 69, de 21.3.2012]
Nota: ¡Vaya con las discordancias lingüísticas! Véase el Convenio de 24 de junio de 2009, así como la entrada del blog Conflictus Legum del día 2.10.2009.[BOE n. 53, de 2.3.2012]
Nota: Véase la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, de 17 de diciembre de 1979. De este texto convencional cabe recordar los siguientes preceptos:[BOE n. 250, de 17.10.2011]Artículo 5
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos previstos en el artículo 1 que se cometan:
a) En su territorio o a bordo de un barco o de una aeronave matriculados en ese Estado.
b) Por sus nacionales, o por personas apátridas que residan habitualmente en su territorio, si en este último caso ese Estado lo considera apropiado.
c) Con el fin de obligar a ese Estado a una acción u omisión; o
d) Respecto de un rehén que sea nacional de ese Estado, si éste último lo considera apropiado.
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos previstos en el artículo 1 en el caso de que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicho Estado no acceda a conceder su extradición a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción criminal ejercida de conformidad con el derecho interno.
Artículo 6
1. Si considera que las circunstancias lo justifican, todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente procederá, de conformidad con su legislación, a su detención o tomará otras medidas para asegurar su presencia por el período que sea necesario, a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición. Ese Estado Parte procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.
[...] [...]
Artículo 8
1. El Estado Parte en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no concede su extradición, estará obligado a someter el caso a las autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.
2. Toda persona resPecto de la cual se entable un procedimiento en relación con cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1 gozará de las garantías de un trato equitativo en todas las fases del procedimiento, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos en el derecho del Estado en cuyo territorio se encuentre.
Artículo 9
1. No se accederá a la solicitud de extradición de un presunto delincuente, de conformidad con la presente Convención, si el Estado Parte al que se presenta la solicitud tiene motivos fundados para creer:
a) Que la solicitud de extradición por un delito mencionado en el artículo 1 se ha hecho con el fin de perseguir o castigar a una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política; o
b) Que la posición de esa persona puede verse perjudicada:
i) Por alguna de las razones mencionadas en el inciso a) del presente párrafo; o
ii) Porque las autoridades competentes del Estado que esté facultado para ejercer derechos de protección no pueden comunicarse con ella.
2. Con respecto a los delitos definidos en la presente Convención, las disposiciones de todos los Tratados y Acuerdos de extradición aplicables entre Estados Partes quedan modificadas en lo que afecte a los Estados Partes en la medida en que sean incompatibles con la Presente Convención.
Artículo 10
1. Los delitos previstos en el artículo 1 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre si en el futuro.
2. Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado, una solicitud de extradición, podrá discrecionalmente considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición con respecto a los delitos previstos en el artículo 1. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho del Estado al que se ha hecho la solicitud
3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos previstos en el artículo 1 como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por el derecho del Estado al que se ha hecho la solicitud.
4. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos previstos en el artículo 1 se han cometido no sólo en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.
Artículo 11
1. Los Estados Partes se prestarán la mayor ayuda posible en relación con todo proceso penal respecto de los delitos previstos en el artículo 1, incluso el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.
2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no afectarán las obligaciones de ayuda judicial mutua estipuladas en cualquier otro tratado.
Nota: Este Canje de Notas entró en vigor el 9.7.2011, esto es, hace más de un mes (!!).[BOE n. 193, de 12.8.2011]
Véase el Instrumento de Ratificación del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República del Perú, hecho en Madrid el 28 de junio de 1989.
Nota: Este Convenio entrará en vigor el 14.11.2010.[BOE n. 259, de 26.10.2010]
