Nota: El Protocolo entrará en vigor el 1 de abril de 2013.
Nota: Aquí llega la inevitable corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2013, por el que se modifican las tasas judiciales, la asistencia jurídica gratuita y un montón de normas más que nada tienen que ver con su objeto principal ni con su título. De momento se corrigen cinco errores, que, esperemos, sean los últimos.Véase el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, así como la entrada de este blog del día 23.2.2013.
PreamblePart 1: Purpose and ScopePart 2: JurisdictionSection 1: General JurisdictionSection 2: Special JurisdictionSection 3: Prorogation of JurisdictionSection 4: Exclusive JurisdictionSection 5: Provisional, Including Protective, MeasuresSection 6: General ProvisionsSection 7: Coordination of ProceedingsPart 3: Applicable LawSection 1: General PrinciplesSection 2: Initial OwnershipSection 3: TransferabilitySection 4: Co-ownershipSection 5: Contracts and Related QuestionsSection 6: Infringement and RemediesSection 7: Limitations and Exceptions, WaivabilitySection 8: Security Rights in Intellectual PropertySection 9: Supplementary ProvisionsPart 4: Recognition and EnforcementSection 1: General RulesSection 2: Verification of JurisdictionSection 3: Provisional and Protective MeasuresSection 4: Public PolicySection 5: Other Grounds for Non-recognition of Foreign JudgementsSection 6: Exclusion of Substantive ReviewSection 7: ProcedureSection 8: Settlements
"Conflict of Laws in Intellectual Property. The CLIP Principles and Commentary"European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual PropertyOxford University Press, 14 February 2013560 pages - £125.00 (Hardback)ISBN: 978-0-19-966508-2
Fallo del Tribunal:"1) El artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en los supuestos previstos en esa disposición, la autoridad judicial de ejecución someta la ejecución de una orden de detención europea emitida para el cumplimiento de una pena a la condición de que la condena impuesta en rebeldía pueda ser revisada en el Estado miembro emisor.2) El artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299, es compatible con las exigencias derivadas de los artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.3) El artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no permite que un Estado miembro subordine la entrega de una persona condenada en rebeldía a la condición de que la condena pueda ser revisada en el Estado miembro emisor, para evitar una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y de los derechos de la defensa protegidos por su Constitución."
Fallo del Tribunal:"1) El principio non bis in idem enunciado en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se opone a que un Estado miembro imponga, por los mismos hechos de incumplimiento de obligaciones declarativas en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, sucesivamente un recargo fiscal y una sanción penal si la primera sanción no tiene carácter penal, cuestión que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional nacional.2) El Derecho de la Unión no regula la relación entre el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y no establece tampoco las consecuencias que debe deducir un juez nacional en caso de conflicto entre los derechos que garantiza dicho Convenio y una norma de Derecho nacional.3) El Derecho de la Unión se opone a una práctica judicial que supedita la obligación del juez nacional de no aplicar ninguna disposición que infrinja un derecho fundamental garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al requisito de que dicha infracción se deduzca claramente del texto de dicha Carta o de la jurisprudencia en la materia, dado que priva al juez nacional de la facultad de apreciar plenamente, con la cooperación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su caso, la compatibilidad de dicha disposición con la Carta."
PARTE PRIMERA - NECESIDAD Y RELEVANCIA DEL NUEVO INSTRUMENTO COMUNITARIO SOBRE SUCESIONES INTERNACIONALESCAPÍTULO PRIMERO: LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE UN ESTADO MIEMBRO EN MATERIA SUCESORIA ANTES DE LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO: PROBLEMAS Y PROPUESTASI. La regulación autónoma española y una breve perspectiva de derecho comparado de los ordenamientos internos de Estados miembrosII. Problemas derivados de la falta de uniformización de los criterios de competencia internacional en la Unión EuropeaIII. Antecedentes a la regulación de la competencia internacional en el nuevo reglamento europeo en materia sucesoria1. Importancia de los instrumentos internacionales sobre sucesiones2. Otros antecedentes al Libro Verde sobre sucesiones y testamentos3. El tratamiento de la competencia internacional en el Libro Verde sobre sucesiones y testamentos y las contribuciones remitidas en el marco de la consulta pública. Orientación de los documentos posteriores al Libro Verde4. Base jurídica para la adopción del instrumento comunitario y evolución del procedimiento interinstitucional. Tendencias acogidas para la regulación de la competencia en la Propuesta de Reglamento en materia sucesoria de 14 de octubre de 2009 y en los documentos posteriores a la mismaCAPÍTULO SEGUNDO: LA NUEVA REGULACIÓN INTRODUCIDA POR EL REGLAMENTO EN MATERIA SUCESORIA MÁS ALLÁ DE LOS ASPECTOS COMPETENCIALESI. Alcance de la regulación y materias excluidasII. La determinación de la ley aplicable1. La conexión objetiva, el papel de la autonomía de la voluntad y normas específicas2. Las reglas de aplicaciónIII. La eficacia de las resoluciones y los documentos públicos en materia de sucesionesIV. La configuración de un certificado sucesorio europeoPARTE SEGUNDA - LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA INTERNACIONAL EN EL NUEVO REGLAMENTO EN MATERIA SUCESORIA
CAPÍTULO TERCERO: PREMISAS A LA DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS ATRIBUTIVOS DE COMPETENCIA INTERNACIONALI. La relación forum/iusII. La aplicación de las normas de competencia internacional a las autoridades no judicialesIII. Normas comunes de eficacia de decisiones y documentos y su importancia en relación con los bienes inmueblesCAPÍTULO CUARTO: EXAMEN PARTICULAR DE LA CONFIGURACIÓN DE LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA EN EL NUEVO INSTRUMENTOI. Consideraciones previasII. Análisis de los criterios atributivos de competencia internacional en el nuevo reglamento1. Unidad judicial de la sucesión o unidad de foro2. Criterio general: la última residencia habitual del causante3. El papel de la autonomía de la voluntad de las partes y del causante en la atribución de competencia internacional en el nuevo Reglamento4. La remisión competencial a una autoridad mejor situada para conocer del asunto5. La competencia específica para la aceptación, renuncia o limitación de la responsabilidad relativa a la sucesión: posibles ventajas e inconvenientes.6. La articulación de una competencia subsidiaria7. La competencia internacional derivada de una situación de denegación de justicia: la previsión del forum necessitatis en el nuevo Reglamento8. La competencia adicional para la adopción de medidas provisionales y cautelares9. Reglas de litispendencia y conexidad internacionalesEpílogoBibliografía citada
M. Álvarez Torné"La autoridad competente en materia de sucesiones internacionales. El nuevo reglamento de la UE"Marcial Pons, Madrid, 2013215 págs. - 29.00 €ISBN: 9788497687461
Nota: Se aprueba en nombre de la Unión el Acuerdo entre la UE y la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril de adhesión de la Unión Europea al Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) de 9 de mayo de 1980, modificado por el Protocolo de Vilnius de 3 de junio de 1999. Sobre el Acuerdo véase la siguiente referencia.
Nota: El art. 2 del texto convencional establece que, "sin perjuicio del objeto y el propósito del Convenio de favorecer, mejorar y facilitar el tráfico internacional ferroviario, ni de su plena aplicación respecto de las otras Partes del Convenio, en sus relaciones mutuas, las Partes del Convenio que sean Estados miembros de la Unión Europea aplicarán normas de la Unión y no aplicarán por tanto las normas derivadas de dicho Convenio salvo en la medida en la que no haya normas de la Unión que regulen la materia concreta en cuestión."
No puede olvidarse que el convenio COTIF de 1980 contiene normas de Derecho Procesal Civil Internacional, sobre competencia judicial internacional y sobre reconocimiento y declaración de ejecutividad de resoluciones extranjeras.
Nota: Lo primero que llama la atención de esta norma es la gran cantidad de disposiciones legales que modifica; disposiciones la mayoría de las cuales nada tienen que ver entre sí ni con el título de este Real Decreto-ley. Veamos qué normas se modifican:
- El art. 1 modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
- El art. 2 hace lo propio con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
- Y el art. 3 se refiere a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Hay que tener presente la disposición transitoria primera, referida al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
A partir de este momento, las disposiciones modificadas nada tienen que ver con la tasas judiciales. Veamos:
- El art. 4 modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir la rápida destrucción de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, una vez realizados los informes analíticos pertinentes y asegurada la conservación de muestras suficientes para garantizar ulteriores comprobaciones.
- En relación con la disposición anterior, la disposición transitoria segunda se refiere al régimen de destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas actualmente bajo custodia de las autoridades administrativas.
- La disposición final primera modifica hasta tres preceptos de la reciente Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
- La disposición final segunda se refiere al régimen especial de aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos a los contratos de arrendamiento previstos en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.
- Mediante la disposición final tercera se modifica el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias.
- La disposición final cuarta modifica la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
- Finalmente, cabe destacar la disposición adicional única, referida a la cuotas de derechos pasivos y de las mutualidades de funcionarios en el mes de diciembre de 2012. Con esta disposición se intenta arreglar la chapuza que sufrimos los funcionarios del Estado a los que nos se nos abonó la paga extraordinaria (jamás "doble") correspondiente al mes de diciembre, lo que no impidió que se nos repercutiera en la nómina la cuantía de la cuota de derechos pasivos y de la cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial, como si hubiésemos percibido la mencionada paga.
En relación con las modificaciones introducidas en la Ley 10/2012 y en la Ley de asistencia jurídica gratuita, en la exposición de motivos de la norma se afirma lo siguiente:"Se introducen una serie de cambios en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, al objeto de atender con la mayor celeridad los planteamientos expuestos por el Defensor del Pueblo. Por esta razón se incorpora una nueva exención para la ejecución de los laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo. Dentro de la regulación de la determinación de la cuota tributaria de la tasa, las actuales circunstancias aconsejan la introducción de una escala específica para las personas naturales, con un tipo menor que el general, que se reservaría para las personas jurídicas. Asimismo, se limita, desde el punto de vista de su cuantía, la aplicación de la tasa en el orden contencioso-administrativo cuando el recurso se interponga contra resoluciones sancionadoras, impidiendo que la tasa supere el 50 por ciento del importe económico de la misma.Las razones de urgencia y necesidad justifican también una serie de modificaciones dirigidas a resolver problemas y dudas planteados en la práctica y que afectaban a los procesos capacidad, filiación, matrimonio y menores, a las acciones que pueden interponer los administradores concursales o los de división de patrimonios.Junto a ello se opera una modificación en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996 actualmente en vigor, para evitar desfases entre el régimen normativo recogido en la misma y la aplicación de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Con este fin se definen los supuestos que permiten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, estableciendo una casuística más amplia que la existente hasta ahora y se elevan los umbrales vigentes, introduciendo así una mejora sustancial que beneficiará de manera directa a los ciudadanos. De forma paralela se sustituye la referencia al salario mínimo interprofesional por la del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) a fin de mejorar las cuantías determinantes del umbral por debajo del cual se reconoce el derecho."Por lo que se refiere a la modificación de la LEC, se dice que se modifica "para evitar que en un proceso de ejecución de una hipoteca constituida para la adquisición de una vivienda habitual, se incluya entre los conceptos de las costas procesales que debe abonar el ejecutado, el de la tasa pagada por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, extendiéndose la misma exclusión al avalista".Esta norma entrará en vigor mañana. Ahora bien, "las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que hubieran de liquidarse por personas físicas y por todos los sujetos pasivos en el caso de la presentación de los recursos contencioso-administrativos a que se refieren los números cuatro y seis del artículo 1, en el período comprendido desde el día siguiente a la publicación de este real decreto-ley hasta la entrada en vigor de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se adapte el modelo 696 de autoliquidación y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, se liquidarán a partir de esta última fecha en el plazo de quince días hábiles, quedando en suspenso los procesos en el estado en que se encuentren. Si no se efectuara dicha liquidación por los sujetos pasivos, el Secretario judicial hará el requerimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre" (disposición final séptima, núm. 2).Véase la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como la entrada de este blog del día 21.11.2012.
El presente artículo, aprovechando el ejemplo de un caso reciente enjuiciado en la Audiencia Nacional, quiere hacer un enunciado de los principales supuestos con trascendencia jurídica que surgen de situaciones reales en que una persona detenida en el extranjero, reclamada por la Justicia de un tercer país, acaba siendo puesta finalmente, a disposición de la justicia española, al margen de los habituales procesos extradicionales: el secuestro de un fugitivo para ser entregado en otro país sin conocimiento ni permiso del país donde se produce la captura, la entrega informal y la utilización de las normas de extranjería o inmigración.
Nota: Véase la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 , sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Fallo del Tribunal: "Los artículos 1, apartado 1, letra b), y 17 del Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, deben interpretarse en el sentido de que el tribunal de un Estado miembro que considere conveniente la práctica de una prueba pericial en el territorio de otro Estado miembro no está obligado necesariamente a recurrir al modo de obtención de pruebas previsto en las citadas disposiciones para poder acordar tal diligencia de prueba."
Fallo del Tribunal:"1) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que el juez nacional que haya comprobado de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual no está obligado, para poder extraer las consecuencias de esa comprobación, a esperar a que el consumidor, informado de sus derechos, presente una declaración por la que solicite que se anule dicha cláusula. Sin embargo, el principio de contradicción obliga, con carácter general, al juez nacional que haya comprobado de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual a informar de ello a las partes procesales y ofrecerles la posibilidad de debatir de forma contradictoria según las formas previstas al respecto por las reglas procesales nacionales.2) Para apreciar el carácter eventualmente abusivo de la cláusula contractual en que se base la demanda de la que conozca, el juez nacional debe tener en cuenta el resto de las cláusulas del contrato."
Este trabajo comenta la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 31 Oct. 2012 (rec. 3/2012): Lesiones. Subtipo agravado por mutilación genital. Confirmación de condena a los progenitores de una niña a quien se le practicó la ablación del clítoris cuando aún no había cumplido el año de edad. Error de prohibición. No procede respecto al padre, al quedar probado el conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. No puede justificarse su aplicación en factores culturales derivados de la creencia en prácticas ancestrales del pais de origen de los acusados -Gambia- que no buscarían menoscabar la integridad física de las mujeres, sino cumplir con una costumbre que facilita la integración de la niña en su comunidad. El respeto a las tradiciones y a las culturas tiene como límite infranqueable el respeto a los derechos humanos que actúan como mínimo común denominador exigible en todas las culturas, tradiciones y religiones. La ablación del clítoris no es cultura, es mutilación y discriminación femenina, un ejercicio de violencia contra las mujeres que afecta directamente a su integridad como personas y debe considerarse un trato inhumano y degradante contrario al Convenio Europeo de Derecho Humanos. Se aprecia respecto de la madre, atendido el corto período de residencia en España al tiempo de producirse la ablación, que le impidió conocer su ilicitud. Desconocimiento del idioma español y nula integración fuera del grupo cerrado de sus compatriotas gambianos. Presunción de inocencia. Inexistencia de vulneración. Prueba suficiente sobre la comisión de la ablación en territorio nacional, bien directamente o bien a través de persona de identidad desconocida pero con su beneplácito, atendidos los informes médicos obrantes en autos relativos a revisiones médicas rutinarias de la menor.
Véase la entrada de este blog del día 10.12.2012 y las referencias en ella contenidas.
Ponente: Ortuño Muñoz, José Pascual.Nº de Sentencia: 692/2012Nº de RECURSO: 244/2012Jurisdicción: CIVILWestlaw: AC\2012\1564ROJ: SAP B 10679/2012Fundamento de Derecho segundo: "Corresponde a los tribunales comprobar de oficio su propia competencia internacional a tenor de lo que establece el artículo 769.4 de la LEC. En aplicación de lo que establecen los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) 2201/2003, la competencia para conocer de este litigio que se sigue entre un padre residente en el Reino Unido y una madre que reside en España corresponde a los tribunales españoles, por haber radicado en España el último domicilio habitual de las menores como así lo entendió la parte actora al interponer la demanda ante el tribunal español (que coincide con el de la residencia actual de la demandada).El derecho aplicable en cuanto al régimen de custodia y a las relaciones personales en el caso de autos es también el de la residencia habitual de las menores, como disponen los artículos 15 y 16 del Convenio de La Haya de 19.10.1996 ratificado por la Decisión Común de la UE nº 2003/1999. En materia de alimentos la ley es también la española por haber entrado en vigor el Protocolo de la Haya de 23.11.2007 sobre las obligaciones alimenticias al que se refiere el Reglamento (CE) nº 4/2009.Al haberse interpuesto la demanda en el mes de enero de 2011, la norma aplicable es la regulación de las relaciones parentales por el Código Civil de Catalunya por ser éste ámbito el de la vecindad civil común de las menores con la madre, en aplicación de lo que establece el artículo 16 1ª del Código Civil español."
Nota: Esta corrección obedece a que la declaración publicada en el BOE decía que "España declara aceptar la adhesión del PRINCIPADO de la Federación de Rusia al citado Convenio". Qué alegría debieron tener los Zares en su tumba; y cómo debió revolverse en su mausoleo el camarada Vladimir Ilich Ulianov. ¡Nuestro MAEC no deja de sorprendernos diariamente!Véase la declaración española de aceptación, así como la entrada de este blog del día 25.1.2013.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.12.2012.
Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) no. 805/2004 en el sentido de que esta disposición sólo comprende los contratos celebrados entre empresarios y consumidores, siempre que los primeros sean la parte acreedora y los últimos la parte deudora, o es suficiente que al menos la parte deudora sea un consumidor, de modo que dicha disposición también se aplica a los créditos que un consumidor tenga frente a otro consumidor?
Cuestión planteada: "¿Tiene carácter contractual en el sentido del artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento (CE) no. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, una reclamación entre partes que no tienen una relación contractual directa, mediante la cual la sociedad mercantil demandante, que ha concedido un crédito, se dirige contra una sociedad (de nacionalidad extranjera) participante en la sociedad mercantil tomadora del crédito, que, durante el período de tiempo controvertido, tenía en ésta última una influencia que le permitía ejercer un control directo, alegando la sociedad demandante que la sociedad participante está obligada a responder de las deudas asumidas por la sociedad controlada?
Introducción
CAPÍTULO I - EL REGLAMENTO SOBRE NOTIFICACIÓN Y TRASLADO DE DOCUMENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES1. Los presupuestos constitucionales.2. El reglamento sobre notificaciones: La superación del sistema de La Haya.3. Ámbito de aplicación (art. 1).4. Supuestos de rechazo de una solicitud de notificación o traslado (art. 6).5. Infraestructura orgánica (art. 2).6. Medios de transmisión.7. Régimen lingüístico: la traducción de los documentos (art. 8).8. Plazo de entrega y posibilidad de cumplimiento tardío (art. 7).9. El sistema de doble fecha (art. 9).10. Cómputo de los plazos (art. 7. 1 in fine).11. La rebeldía del demandado y la exención de los plazos de recurso (art. 19).12. El coste del servicio y el derecho de asistencia jurídica gratuita (art. 11).13. Notificaciones extrajudiciales (art. 16).CAPÍTULO II - EL REGLAMENTO SOBRE OBTENCIÓN DE PRUEBAS1. Cuestiones preliminares .1.1. ¿Prueba o material probatorio? .1.2. Uso facultativo o preceptivo de los instrumentos para la obtención de pruebas en el extranjero .1.3. Supuestos de obtención de pruebas en el extranjero. Normas aplicables .2. El Reglamento 1206/2001 sobre obtención de pruebas en el extranjero .2.1. Proceso de elaboración y principios informadores .2.2. Ámbito de aplicación .2.3. Mecanismos para la obtención y práctica de pruebas en el extranjero.Índice analítico de materias
Luis F. Carrillo Pozo, M. Jesús Elvira Benayas"Instrumentos procesales de la UE. Los reglamentos sobre notificaciones y obtención de pruebas"Editorial Comares, Granada, 2012208 págs. - 20.00 eurosISBN: 978-8490450246
El autor hace un análisis comparativo del concepto de las dos Órdenes de Protección a las Víctimas, así como un tratamiento desde el plano competencial y procedimental; y destaca cómo el ámbito de aplicación de la Orden de Protección en el proceso penal español, es más concreto, que el de la Orden Europea de Protección; porque la primera trata de consolidar instrumentos de amparo y tutela frente a la violencia ejercida en el ámbito familiar, y la Directiva 2011/99 del Parlamento y Consejo Europeo de 13 de diciembre de 2011, se aplica a las medidas de protección adoptadas en asuntos penales para la protección de las víctimas en general, aunque evidentemente la Orden Europea de Protección a las víctimas pretende garantizar en un espacio común y judicial sin fronteras interiores la protección de la persona física en cualquier Estado miembro de la UE.Nota: Véase la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 , sobre la orden europea de protección, así como la entrada de este blog del día 21.12.2011.
Los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han venido abundando en la necesidad de equiparación de los ciudadanos del Estado requerido de extradición con el resto de ciudadanos de la Unión Europea. En el presente artículo se aborda en qué modo dicho criterio jurisprudencial puede afectar a la ejecución de los diversos instrumentos extradicionales reconocidos en el ordenamiento jurídico español.Nota: Véase la sentencia del TJUE de 5.9.2012, en el Asunto C‑42/11 (Lopes Da Silva Jorge), y la sentencia del TJUE de 6.10.2009, en el Asunto C-123/08 (Wolzenburg). Véanse igualmente las entradas de este blog del día 5.9.2012 y del día 6.10.2009.
Ponente: Saavedra Ruiz, Juan.Nº de Sentencia: 851/2012Nº de RECURSO: 869/2012Jurisdicción: PENALDiario La Ley, Nº 8020, Sección Jurisprudencia, 11 Feb. 2013LA LEY 162472/2012
Nota: Este acto se aplica a los documentos que obren en poder del TJUE, elaborados o recibidos por el Tribunal y estén en su poder, en el marco del ejercicio de sus funciones administrativas (art. 1). Con carácter general, todo ciudadano de la UE y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tendrá derecho a acceder a los documentos del TJUE de acuerdo con las condiciones de esta Decisión. El Tribunal también podrán conceder acceso a tales documentos a toda persona física o jurídica que no resida ni tenga su domicilio social en un Estado miembro (art. 2).
Nota: Véase la entrada de este blog del día 13.12.2012.
Fallo del Tribunal: "El artículo 23 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una cláusula atributiva de competencia pactada en el contrato celebrado entre el fabricante de un bien y el adquirente de éste no puede ser invocada frente al tercero subadquirente que, al término de una sucesión de contratos de transmisión de propiedad celebrados entre partes establecidas en distintos Estados miembros, ha adquirido ese bien y quiere interponer una acción de responsabilidad contra el fabricante, salvo si consta que ese tercero prestó su consentimiento efectivo en relación con esa cláusula en las condiciones mencionadas en dicho artículo."Antecedentes: Los hechos del caso son los siguientes (véanse los aps. 7 y ss. de la sentencia). El promotor inmobiliario Doumer SNC encargó la realización de obras de renovación de un complejo inmobiliario situado en Courbevoie (Francia). Esta sociedad estaba asegurada por Axa Corporate, domiciliada en París. Con motivo de las obras, se instalaron unidades de climatización equipadas con una serie de compresores fabricados por Refcomp, empresa domiciliada en Italia, comprados a ésta y montados por Climaveneta, empresa con domicilio social también en Italia. Luego fueron suministrados a Doumer por la sociedad Liebert, en cuyos derechos se subrogó posteriormente Emerson. Esta sociedad, con domicilio social en Francia, está asegurada por la compañía Axa France IARD con domicilio social en Francia.Tras haberse producido ciertas averías en el sistema de climatización, un peritaje judicial señaló que éstas se debían a un defecto de fabricación de los compresores. Axa Corporate, que se había subrogado en los derechos de Doumer, a la que indemnizó, demandó al fabricante Refcomp, al montador Climaveneta y al suministrador Emerson ante el tribunal de grande instance de Paris, reclamándoles conjunta y solidariamente el reembolso del perjuicio sufrido. Ante ello, Refcomp impugnó la competencia del tribunal de grande instance de Paris, invocando una cláusula atributiva de competencia a los tribunales italianos contenida en el contrato celebrado entre ella y Climaveneta.Mediante auto de 26 de enero de 2007, el juge de la mise en état (juez de instrucción civil) del tribunal de grande instance de Paris desestimó la excepción de incompetencia planteada por Refcomp, que planteó recurso de apelación contra dicho auto. Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2008, la cour d’appel de Paris confirmó la desestimación de la excepción de incompetencia planteada por Refcomp, considerando que la cláusula atributiva de competencia acordada entre el fabricante y un vendedor intermediario no puede ser invocada frente al asegurador que se ha subrogado en los derechos del subadquirente. Se basaba en que, por un lado, las normas de competencia especial en materia contractual previstas por el Reglamento no se aplican a los litigios que oponen al subadquirente de una cosa al fabricante, por estar relacionado un litigio de esta índole con la materia delictual, y, por otro, la cláusula en cuestión, acordada entre las partes en el contrato original, no había sido aceptada por el subadquirente.Refcomp interpuso un recurso de casación ante la Cour de cassation, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales sobre los efectos frente al subadquirente de una cláusula atributiva de competencia, pactada en una cadena comunitaria de contratos, entre un fabricante de un bien y un comprador.
Nota: Este texto convencional entró en vigor el 1.1.2013, aunque venía aplicándose provisionalmente desde el 24.10.2011.Véase el texto del Convenio de 24 de octubre de 2011, así como la entrada de este blog del día 9.11.2011.
Primera parte - Introducción§ 1. Concepto y significado del Derecho Económico Internacional§ 2. Globalización de las relaciones económicasSegunda parte - Fundamentos§ 3. Fuentes del Derecho Económico Internacional§ 4. Orden Económico Internacional§ 5. Orden Económico Europeo§ 6. “Buen gobierno”, estructuras estatales e integración en la economía mundial§ 7. Derechos y obligaciones fundamentales de los Estados§ 8. El Derecho internacional público del medio ambiente y las relaciones económicas internacionales§ 9. Solución de diferencias y Derecho procesal internacionalTercera parte - Comercio de mercancías y prestaciones de servicios§ 10. El GATT y el nuevo sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC)§ 11. La gestión internacional de materias primas: comercio y seguridad del abastecimiento§ 12. Acuerdos económicos para liberalizar el comercio de mercancías y servicios§ 13. Compraventa internacional y otros contratos§ 14. Prestación de servicios: algunos contratos en particular§ 15. Protección internacional de la propiedad intelectualCuarta parte - Derecho internacional de las empresas§ 16. Derecho internacional de sociedades§ 17. Derecho internacional de la competencia§ 18. Derecho concursal internacional§ 19. Derecho tributario internacionalQuinta parte - Derecho internacional de la expropiación y Derecho de inversiones§ 20. La expropiación en el Derecho internacional§ 21. Inversiones extranjeras: relevancia y preceptos nacionales§ 22. Contratos de inversión entre Estados y empresas extranjeras§ 23. Mecanismos de protección en el Derecho de inversionesSexta parte - Sistema monetario y servicios financieros internacionales§ 24. Derecho monetario internacional§ 25. Unión Monetaria Europea y otras uniones monetarias regionales§ 26. Servicios financieros internacionales y supervisión de la política monetaria
Matthias HerdegenDerecho Económico Internacional(traducción de Katia Fach Gómez, Laura Carballo Piñeiro, Dieter Wolfram)Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia. Fundación Konrad Adenauer. Bogotá, 2012.512 p.ISBN: 978-958-738-291-4
Jean Victor Louis, La Sentencia Pringle
-Antonia Durán Ayago, Europeización del Derecho Internacional Privado: del Convenio de Bruselas de 1968 al Reglamento (EU) 1215/2012. Notas sobre el proceso de construcción de un espacio judicial europeo.Desde el Convenio de Bruselas de 1968 sobre competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil hasta el Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre, del mismo contenido, han transcurrido cuatro fructíferas décadas durante las cuales la Unión Europea -en su terminología actual tras el Tratado de Lisboa- ha ido poniendo las bases para la construcción de un espacio judicial europeo, en el que los derechos de los ciudadanos, con especial atención a la tutela judicial efectiva, sean una realidad sin posibilidad de ser cercenados por el cruce de fronteras. En este trabajo destacamos los principales pasos dados en este proceso y analizamos sus principales implicaciones.
-Mónica Guzmán Zapater, Contrato de trabajo celebrado por embajadas y competencia judicial internacional.El TJUE entiende que los litigios relativos a contrato de trabajo que enfrentan a una embajada y un trabajador, pueden ser sometidos a los foros de competencia judicial internacional previstos por el Reglamento UE nº 44/2001, incluso si el demandado-empleador (el Estado) se halla domiciliado en país tercero y en el contrato figura una cláusula de sumisión a jurisdicción de país tercero. El elemento más relevante es la equiparación en el tratamiento entre embajadas y sucursales. El juego de las reglas de competencia en esta materia, tal y como han sido interpretadas por el TJUE, ha cristalizado en el nuevo Reglamento 1215/2012, del PE y del Consejo, de 12 de diciembre 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Laura Carballo Piñeiro:-La formación jurídica y el método de aprendizaje en “Vida de estudiante” (The Paper Chase)-Titulación de créditos e hipotecas sub prime en “Cleveland vs. Wall Street”-La responsabilidad por productos y las class action en “Bananas”
Katia Fach Gómez:-La contaminación medioambiental en Derecho internacional privado. “Crude: the real price of oil”-Arbitraje internacional de inversiones. “También la lluvia” (Even the rain)-Trabajadores transfronterizos y deslocalización empresarial en “Outsourced”
Inmaculada García Mazás, Ramón Santiago Paz Lamela:-Integración y diferencias culturales en la adopción internacional. “Un cuento para Olivia”
Ángeles Lara Aguado:-Aspectos generales del matrimonio en derecho internacional privado. El matrimonio de conveniencia en “Cleopatra”
Nuria Marchal Escalona:-Inmigración y multiculturalismo en “Babel”-El matrimonio concertado y la mutilación genital femenina en “La flor del desierto”-Interés superior del menor y fracaso en la adopción internacional. “La vergüenza”
Ramón Santiago Paz Lamela:-Las diferencias culturales y la protección del menor en las adopciones internacionales. “La casa de los babys”
Carmen Ruiz Sutil:-Inmigración, violencia y matrimonio concertado en “Oriente es Oriente” (East ist East)
José Joaquín Vara Parra:
-Multiculturalidad, globalización e inmigración en “The Honeymoons”-El turismo “divorcista” y el forum shopping en “That Uncertain Feeling”-La relevancia del elemento “extranjería” en el Derecho internacional privado. “Route Irish”
Capítulo 1. Derecho de los negocios internacionalesI. ESCENARIOS DEL COMERCIO TRANSFRONTERIZOII. REGLAMENTACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES DE CARÁCTER TRANSNACIONAL
III. DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES
IV. AUTORREGULACIÓN DEL MERCADO
V. CODIFICACIÓN INTERNACIONAL, ARMONIZACIÓN Y UNIFICACIÓN JURÍDICA
VI. ÁMBITO DEL SOFT LAW EN ELDERECHO DE LOS NEGOCIOS TRANSNACIONALES
Capítulo 2. Bienes inmateriales, derecho de la competencia y responsabilidad extracontractualI. PROPIEDAD INDUSTRIALII. PROPIEDAD INTELECTUAL
III. COMPETENCIA DESLEAL
IV. DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
V. OTROS ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
Capítulo 3. SociedadesI. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADESII. ESTABLECIMIENTO DE SOCIEDADES FUERA DEL ESTADO DE CONSTITUCIÓN
III. MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES
IV. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
Capítulo 4. Contratación comercial internacionalI. FUNDAMENTOS DE LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALESII. FORMACIÓN Y CONTENIDO DEL CONTRATO
III. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ANTE LOS TRIBUNALES ESTATALES
IV. DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO
Capítulo 5. Compraventa y transporte internacional de mercaderíasI. LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y SU REGULACIÓNII. ARTICULACIÓN DE LAS FUENTES REGULADORAS DE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS
III. CONTRATOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS
Capítulo 6. Medios de pago, garantías y financiaciónI. MEDIOS DE PAGOII. GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN
III. CONTRATOS DE FINANCIACIÓN
IV. CONTRATOS DE SEGURO
Capítulo 7. Contratos de colaboraciónI. DISTRIBUCIÓN COMERCIALII. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
III. COMERCIO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Capítulo 8. Procedimientos concursalesI. PRESUPUESTOS DEL CONCURSOII. APERTURA DEL CONCURSO
III. DESARROLLO DEL CONCURSO
IV. EFICACIA EXTRATERRITORIAL DEL CONCURSO Y COORDINACIÓN ENTRE PROCEDIMIENTOS
Capítulo 9. Arbitraje comercial internacionalI. CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARBITRAL1. Factores de una tendencia expansiva2. Arbitraje interno y arbitraje internacional3. Arbitraje y jurisdicción4. Carácter expansivo de la arbitrabilidad5. Institucionalización del arbitraje: el arbitraje administradoII. CONVENIO ARBITRAL1. Características del convenio arbitral2. Alcance de la autonomía de la voluntad de las partes3. Formalización del convenio arbitral4. Efecto negativo del convenio arbitralIII. PROCEDIMIENTO ARBITRAL1. Ley rectora2. Principios rectores del procedimiento arbitral3. Precisiones previas en torno a la función de los árbitrosIV. INTERVENCIÓN DEL JUEZ EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL1. Alcance de las medidas anti-proceso arbitral2. Intervención del juez en la actividad del árbitro3. Apoyo judicial en la realización de la prueba4. Medidas cautelares o precautoriasV. LEY APLICADA POR LOS ÁRBITROS1. Arbitraje de Derecho y arbitraje de equidad2. Aplicación por el árbitro de un orden jurídico preestablecido3. Lex mercatoria y arbitraje comercial internacionalVI. CONTROL JURISDICCIONAL DEL LAUDO ARBITRAL1. Control del laudo arbitral por el tribunal de la sede del arbitraje2. Ámbito y alcance de los recursos ante el juez del controlVII. EXEQUÁTUR DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS1. Primacía de los tratados internacionales2. Órgano competente para el exequátur3. Presupuestos del reconocimiento4. Causales de denegación del reconocimiento5. Ejecución de laudos anulados en el estado de origen
J.C. Fernández Rozas, R. Arenas García, P.A. de Miguel Asensio"Derecho de los Negocios Internacionales (4ª edic.)"4ª edición - Iustel, 2013744 páginas - 56 € (online: 53,20 €)ISBN 978-84-9890-215-0
El trabajo analiza el valor probatorio del correo electrónico, destacando que de su cabecera se extrae su huella cronológica real y el nombre del equipo donde se redactó, extremos que no afectan al derecho a la intimidad, a direfencia del contenido del correo.
Nota: Véase el Reglamento (UE) nº 258/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, así como la entrada de este blog del día 30.3.2012.
