Tribunal de Justicia de la Unión Europea (24.5.2012)

-CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT, presentadas el 24 de mayo de 2012, en el Asunto C‑116/11 (Bank Handlowy y Adamiak): (Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznań, Polonia) Reglamento (CE) nº 1346/2000 – Procedimientos de insolvencia – Momento de terminación del procedimiento de insolvencia – Examen de la insolvencia en el procedimiento secundario – Relación entre procedimiento principal y procedimiento secundario cuando el procedimiento principal es un procedimiento de reestructuración.

Nota: La Abogado General propone al Tribunal contestar las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1. El artículo 4, apartado 1, y apartado 2, letra j), del Reglamento (CE) nº 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que el Derecho nacional es el único que decide cuándo se produce la «terminación del procedimiento de insolvencia».
2. El artículo 27 del Reglamento nº 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional que se ocupa de la solicitud de apertura de un procedimiento secundario de insolvencia puede examinar la insolvencia del deudor cuando el procedimiento principal es un procedimiento de reestructuración.
3. La interpretación del artículo 27 del Reglamento nº 1346/2000 permite también la apertura de un procedimiento de insolvencia secundario cuando el procedimiento principal sujeto a reconocimiento automático es un procedimiento de reestructuración o saneamiento (como, por ejemplo, el procedimiento de sauvegarde francés)."

-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, presentadas el 24 de mayo de 2012, en el Asunto C‑154/11 (Mahamdia): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Alemania)] Cooperación judicial en materia civil – Competencia judicial – Inmunidad de jurisdicción de los Estados – Competencia en materia de contratos individuales de trabajo – Litigio sobre la validez del despido del demandante que había sido contratado como chófer en un Estado miembro por la embajada de un Estado tercero – Concepto de agencia, de sucursal y de cualquier otro establecimiento en el sentido del Reglamento (CE) nº 44/2001 – Cláusula de sumisión procesal contenida en un contrato individual de trabajo en el momento de su celebración – Compatibilidad de tal cláusula con el Reglamento nº 44/2001.

Nota: El Abogado General propone contestar las cuestiones planteadas del siguiente modo:
"1) El artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que la embajada de un Estado tercero ante un Estado miembro debe asimilarse a una “agencia”, a una “sucursal” o a “cualquier otro establecimiento” en un litigio relativo a un contrato de trabajo celebrado por esa embajada, en su condición de representante del Estado acreditante, cuando se hubiera seleccionado el trabajador y éste hubiera desarrollado su actividad en el territorio del Estado miembro, siempre y cuando tal actividad carezca de toda relación con el ejercicio del poder público del Estado acreditante.
2) Para asegurarse de que una cláusula de sumisión procesal otorgada, en un contrato de trabajo, con anterioridad al nacimiento del litigio, es conforme con el artículo 21, punto 2, del Reglamento nº 44/2001, el órgano jurisdiccional remitente debe cerciorarse de que esa cláusula depara al trabajador la posibilidad de acudir a otros tribunales, además de a los órganos jurisdiccionales normalmente competentes con arreglo a las reglas especiales de los artículos 18 y 19 del Reglamento nº 44/2001, y que, por lo tanto, le permite realizar una elección."

-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NIILO JÄÄSKINEN, presentadas el 24 de mayo de 2012, en el Asunto C‑170/11 (Lippens y otros): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos)] Cooperación judicial en materia civil y mercantil – Obtención de pruebas – Reglamento (CE) nº 1206/2001 – Ámbito de aplicación material –Toma de declaración por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro a testigos que residen en otro Estado miembro – Testigos que también son partes en el procedimiento principal – Medidas coercitivas – Obligación posible de aplicar uno de los modos de obtención de pruebas previstos por dicho Reglamento o facultad de aplicar los previstos por el Derecho procesal vigente en el Estado miembro en el que tiene su sede el órgano jurisdiccional de que se trata – Aplicabilidad residual del Derecho nacional.

Nota: El Abogado General propone al Tribunal que emita su fallo en el siguiente sentido:
"El Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil y, en particular, su artículo 1, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que pretenda tomar declaración a un testigo que reside en otro Estado miembro, en relación con un litigio sobre dichas materias, únicamente está obligado a aplicar los métodos de cooperación judicial simplificada previstos por dicho Reglamento cuando decide realizar esa diligencia de obtención de pruebas solicitando el concurso del órgano jurisdiccional competente de ese otro Estado miembro o la autorización para realizar directamente la diligencia en el territorio de ese último. Por el contrario, en los supuestos en que, como sucede en el litigio principal, un órgano jurisdiccional pretenda tomar declaración en el territorio del Estado miembro en el que tiene su sede a un testigo que reside en otro Estado miembro, tiene la facultad de utilizar los métodos previstos por su Derecho procesal nacional, como por ejemplo la citación del testigo a comparecer ante aquél, si considera que dichos métodos son suficientemente eficaces en el asunto concreto."

-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL PEDRO CRUZ VILLALÓN, presentadas el 24 de mayo de 2012, en el Asunto C‑190/11 (Mühlleitner): (Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof) Competencia judicial en materia civil y mercantil – Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores – Artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 44/2001 – Interpretación de la sentencia Pammer y Hotel Alpenhof – Actividad dirigida hacia otro Estado miembro a través de Internet – Limitación del foro a los contratos de consumo celebrado a distancia.

Nota: El Abogado General propone contestar las cuestiones planteadas del siguiente modo:
"El artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, no exige que el contrato entre el consumidor y el profesional haya sido celebrado a distancia."

Bibliografía (Artículo doctrinal) - La gestación por sustitución y la nueva Ley del Registro Civil

Los contratos de gestación de sustitución celebrados en el extranjero y la nueva Ley del Registro Civil
Marta ALBERT MÁRQUEZ, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Diario La Ley, Nº 7863, Sección Doctrina, 22 May. 2012

El régimen jurídico de la inscripción en nuestro Registro Civil de los hijos nacidos mediante contratos de gestación de sustitución celebrados en el extranjero, en aquellos países donde este tipo de contratos es legal, ha sufrido en los últimos años una evolución importante en el Derecho patrio. El último episodio de esta evolución es la promulgación de la nueva Ley 20/2011, del Registro Civil, que introduce un nuevo título relativo a las normas de Derecho Internacional Privado. El artículo tiene por objeto analizar esta nueva regulación desde la perspectiva del régimen jurídico de la maternidad subrogada en España.

Nota: Véase la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, así como la entrada de este blog del día 22.7.2011.

Bibliografía (Revista de revistas) - IPRax 3/2012

Última entrega de la revista Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax): 3/2012 (Mai 2012).

Abhandlungen:

-B. Hess: Staatenimmunität und ius cogens im geltenden Völkerrecht: Der Internationale Gerichtshof zeigt die Grenzen auf, S. 201

Dieser Beitrag behandelt die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in der Rechtsache „Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)“ und setzt sich kritisch mit der Frage der Staatenimmunität im aktuellen Völkerrecht auseinander.

-B. Laukemann: Der ordre public im europäischen Insolvenzverfahren, S. 207

Der fortschreitende Integrationsprozess des Europäischen Zivilverfahrensrechts verändert Maßstab und Schutzzweck der ordre public-Kontrolle. Die Europäische Insolvenzverordnung (EuInsVO) bleibt hiervon nicht ausgenommen: Nicht mehr Wertungen der nationalen Rechtskulturen allein, sondern zunehmend gemeinsame europäische Ordnungsvorstellungen bestimmen den Bezugspunkt der Vorbehaltsklausel. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist ihre prinzipiengeleitete Systematisierung. Dies wirft die Frage auf, inwieweit zugleich insolvenzspezifische Wertungstopoi wie die Grundsätze der Universalität und effektiven Verfahrensabwicklung ihre Auslegung mitbestimmen und einer unbesehenen Gleichstellung mit Art. 34 Nr. 1 EuGVVO möglicherweise entgegenstehen. Besondere Aufmerksamkeit verdient schließlich eine im insolvenzrechtlichen Kontext bislang kaum beleuchtete Problemstellung: das Verhältnis von präventiver ordre public-Kontrolle und einer (vorrangigen) Inanspruchnahme von Rechtsschutz im Eröffnungsstaat.

Entscheidungsrezensionen:

-D.-C. Bittmann: Der Begriff der „Zivil- und Handelssache“ im internationalen Rechtshilfeverkehr (OLG Frankfurt a.M., S. 242), S. 216

In der hier kommentierten Entscheidung des OLG Frankfurt a.M. war dem Antragsteller eine Antragsschrift auf Ersuchen des High Court Auckland (Neuseeland) und auf Veranlassung des Präsidenten des Amtsgerichts Frankfurt a.M. im Wege der Rechtshilfe zugestellt worden. Die neuseeländische Wettbewerbs- und Kartellbehörde (Commerce Commission) warf dem Antragsteller und weiteren Beklagten vor, gegen Vorschriften des neuseeländischen Commerce Act von 1986 verstoßen zu haben. Die Commerce Commission begehrt neben der Feststellung der Verstöße des Antragstellers die Festsetzung von Geldbußen gemäß Art. 80 Abs. 1 lit. a und f des neuseeländischen Wettbewerbsgesetzes. Der Antragsteller wendet sich gegen die veranlasste Zustellung mit dem Einwand, es handle sich nicht um eine Zivil- und Handelssache i.S.d. im Verhältnis zwischen Deutschland und Neuseeland anwendbaren deutsch-britische Abkommen über den Rechtsverkehr von 1928. Das OLG Frankfurt a.M. folgte dieser Argumentation. Der Beitrag geht zunächst auf die umstrittene Frage ein, wie die Qualifikation der Zivil- und Handelssache im Internationalen Zivilprozessrecht zu erfolgen hat. Im Folgenden wird die gefundene Lösung auf den vom OLG zu entscheidenden Fall angewandt.

-O.L. Knöfel: Ordnungsgeld wegen Ausbleibens im Ausland? – Aktuelle Probleme des deutsch-israelischen Rechtshilfeverkehrs (LSG Nordrhein-Westfalen, S. 243), S. 219

Die Steuerung des Parteiverhaltens durch Ordnungsstrafen und Beugemittel wird in grenzüberschreitenden Zivilverfahren zunehmend relevant. Bislang unbekannt und unerörtert ist aber die Frage, ob inländische Parteien ggf. persönlich bei Meidung eines Ordnungsgeldes im Ausland erscheinen müssen, d.h. an einem Rechtshilfetermin vor einem prozessstaatlichen Konsul oder einem sonstigen Delegierten im Ausland teilnehmen zu haben und dort ggf. auch vor dem Prozessrichter präsent sein müssen, sofern dieser befugtermaßen unmittelbar auf dem Territorium eines anderen Staates Beweis erhebt. Der besprochene Beschluss des LSG Nordrhein-Westfalen zum deutsch-israelischen Rechtshilfeverkehr ist die wohl weltweit erste bekannt gewordene Gerichtsentscheidung, die Erscheinenszwang bei einem im Ausland abgehaltenen Beweisaufnahmetermin durchgesetzt hat. Die Entscheidung erklärt sich aus ihrem sehr besonderen, ja einzigartigen Hintergrund. In dogmatischer Hinsicht ist sie am Gehalt der Haager Rechtshilfekonventionen zu messen.

-D. Otto: Präklusion und Verwirkung von Vollstreckungsversagungsgründen bei der Vollstreckung ausländischer Schiedsgerichtsentscheidungen (BGH, S. 249), S. 223

Der BGH beschäftigte sich in seiner Entscheidung vom 16.12.2010 mit der Frage, ob der Vollstreckungsgegner im Rahmen des Vollstreckbarerklärungsverfahrens einer ausländischen Schiedsgerichtsentscheidung mit Anerkennungsversagungsgründen präkludiert ist, wenn er es versäumt hat, im Verfahrensstaat Rechtsmittel gegen den Schiedsspruch einzulegen. Der BGH hielt fest, dass der Vollstreckungsgegner die Wahl habe, ein Aufhebungsverfahren nach der lex arbitri anzustrengen, er aber stattdessen auch die Vollstreckbarkeit in anderen Staaten angreifen könne. Diese Entscheidung entspricht der Rechtsprechung in anderen Vertragsstaaten des New Yorker Schiedsgerichtsübereinkommens und ist inhaltlich zu begrüßen. Allerdings kann es Konstellationen geben, bei denen Versagungsgründe verwirkt werden, so wenn sie vom Vollstreckungsgegner nicht im Schiedsverfahren vorgebracht werden, oder er in einem tatsächlich durchgeführten Aufhebungsverfahren diese nicht vorbringt.

-F. Wedemann: Die Regelungen des deutschen Eigenkapitalersatzrechts: Insolvenz- oder Gesellschaftsrecht? (BGH, S. 251), S. 226
-H. Dörner: Der Zugriff des Staates auf erbenlose Nachlässe – Fiskuserbrecht oder hoheitliche Aneignung? (KG, S. 255), S. 235

Die Übernahme erbenloser Nachlässe durch den Staat kann als private Rechtsnachfolge von Todes wegen oder aber als hoheitlicher Aneignungsakt konzipiert sein. In der vorliegenden Entscheidung setzt sich das KG mit der staatlichen Nachlassbeteiligung im Zivilgesetzbuch der früheren Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik auseinander und ordnet sie zutreffend als privates Fiskuserbrecht ein. Nach dem früheren russischen Erbrecht stand einem Vetter des Erblassers kein gesetzliches Erbrecht zu. Darin liegt kein Verstoß gegen den deutschen ordre public.

-D. Looschelders: Der Anspruch auf Rückzahlung des Brautgelds nach yezidischem Brauchtum (OLG Hamm, S. 257), S. 238

Das OLG Hamm hatte sich in der besprochenen Entscheidung mit der Frage zu beschäftigen, ob der Bruder des Bräutigams und dessen Ehefrau das an den Vater der Braut nach yezidischem Brauchtum gezahlte Brautgeld zurückverlangen kann, wenn die Braut den Bräutigam nach der Eheschließung wegen schwerer Misshandlungen verlässt. Das yezidische Brauchtum ist zwar kein staatliches Recht. Der Fall wirft aber insofern kollisionsrechtliche Probleme auf, als die Parteien sowie der Bräutigam syrische Staatsangehörige sind, während die Braut im Zeitpunkt der Eheschließung Deutsche war. Dabei geht es zunächst um die Frage, ob der Anspruch auf Brautgeld vertragsrechtlich oder familienrechtlich zu qualifizieren ist. Befürwortet man mit der h.M. eine familienrechtliche Qualifikation, so muss des Weiteren geprüft werden, welche Anknüpfungsregeln für die Rückforderung von Geschenken anlässlich der Eheschließung maßgeblich sind. Die Anknüpfung des Verlöbnisstatuts ist insoweit nämlich sehr umstritten. Auf der materiell-rechtlichen Ebene ist zu beachten, dass die Vereinbarung über das Brautgeld bei Anwendbarkeit deutschen Rechts nach § 138 Abs. 1 BGB unwirksam ist. Ein vertraglicher Rückzahlungsanspruch kommt damit nicht in Betracht; bereicherungsrechtliche Ansprüche scheitern an § 817 S. 2 BGB. Bei Anwendbarkeit ausländischen Rechts gelangt man über Art. 6 EGBGB zu dem gleichen Ergebnis.

Rezensierte Entscheidungen
Rechtsprechungsübersicht
Blick in das Ausland:

-M. Illmer: West Tankers reloaded – Vollstreckung eines feststellenden Schiedsspruchs zur Abwehr der Vollstreckung einer zukünftigen ausländischen Gerichtsentscheidung (Engl. High Court of Justice, 6.4.2011 – [2011] EWHC 829, und Court of Appeal, 24.1.2012 – [2012] EWCA Civ 27 – West Tankers Inc v. Allianz SpA et al.), S. 264

Infolge der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache West Tankers und der Entscheidung des englischen Court of Appeal in National Navigation scheiden im Falle einer Torpedoklage sowohl anti-suit injunctions als auch Feststellungsurteile der staatlichen Gerichte am Schiedssitz zur Durchsetzung von Schiedsvereinbarungen aus. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Schiedsvereinbarung gleichwohl auf der Vollstreckungsebene durchgesetzt werden kann. In einem solchen Fall setzt der schiedsvereinbarungstreue Beklagte der Torpedoklage das Schiedsverfahren in Gang (da insofern kein lis pendens-Einwand entgegensteht und ein Schiedsspruch auch bei Säumnis einer der Parteien erlassen werden kann), um den Schiedsspruch in denjenigen Staaten für vollstreckbar erklären zu lassen, in denen der potentiell obsiegende Kläger des noch ausstehenden, möglicherweise auf die Torpedoklage hin ergehenden Urteils dieses aller Wahrscheinlichkeit nach anerkennen und vollstrecken lassen möchte. Ob dieses Vorgehen Erfolg hat, hängt im Geltungsbereich der EuGVVO davon ab, ob ein für vollstreckbar erklärter Schiedsspruch gegenüber einem staatlichen Urteil der Gerichte eines anderen EU-Mitgliedstaates nach Art. 34, 35 i.V.m. Art. 45 EuGVVO einen Vollstreckungsversagungsgrund darstellt. Mit dieser Konstellation beschäftigten sich nun der englische High Court und in der Rechtsmittelinstanz der Court of Appeal, da West Tankers beantragte, den von ihr erstrittenen Londoner Schiedsspruch (der ihre Haftung verneinte) für vollstreckbar erklären zu lassen, um die zukünftige Vollstreckung eines italienischen Urteils in der Sache in England zu verhindern. Der Beitrag analysiert die Entscheidungen des High Court und des Court of Appeal im Lichte der Schnittstelle der EuGVVO mit der Schiedsgerichtsbarkeit und untersucht eingehend die Frage des Vollstreckungsversagungsgrundes nach der EuGVVO und seiner Vereinbarkeit mit der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache West Tankers.

-W. Long: The First Choice-of-Law Act of China’s Mainland: An Overview, S. 273

Am 28.10.2010 hat China das Gesetz der Volksrepublik China über die Rechtsanwendung in Zivilrechtsbeziehungen mit Außenbeziehungen verkündet, das auf dem chinesischen Festland am 1.4.2011 in Kraft getreten ist. Das Gesetz zeichnet sich durch seine Kürze und seinen Mangel an konkreten Lösungen aus. Die Gesetzgeber haben nur allgemeine Regelungen getroffen, während sie spezielle Aspekte den Gerichten und insbesondere dem Obersten Volksgericht überlassen haben. Die Gesetzgebung hat damit lediglich die Voraussetzungen für die Rechtsprechung geschaffen, indem sie einen Rahmen für ein künftiges chinesisches internationales Privatrecht bereitgestellt hat. Bis zu Auslegungsmaßnahmen des Obersten Volksgerichts belässt es diese Anmerkung bei einem Überblick. Sie stellt zunächst den rechtlichen Hintergrund des chinesischen internationalen Privatrechts vor, gefolgt durch einen kurzen Rückblick auf die Gesetzgebungsgeschichte des Gesetzes. Sie behandelt dann die allgemeinen Merkmale des Gesetzes, nämlich die Auffangfunktion des Grundsatzes der engsten Verbindung, die großzügige Einstellung zur Parteiautonomie, die unkonventionelle Haltung zu zwingenden Regeln des Forums, erweiterte (Möglichkeiten der) Inhaltsorientierung und Einführung des Prinzips des gewöhnlichen Aufenthalts. Schließlich endet sie mit der Beobachtung, dass sich das chinesische internationale Privatrecht einem System mit größerer Flexibilität annähert und dass diese Entwicklung durch die Forderungen nach materieller Gerechtigkeit und den Wunsch, nationale Interessen zu fördern, angeregt wurde.

-D. Damar: Deutsch-türkisches Nachlassabkommen: zivilprozess- und kollisionsrechtliche Aspekte, S. 278

Das deutsch-türkische Nachlassabkommen von 1929 ist von erheblicher Bedeutung für mehr als anderthalb Millionen türkische Staatsangehörige mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland. Das Nachlassabkommen reguliert nicht nur das anwendbare Recht hinsichtlich des beweglichen und unbeweglichen Nachlasses und die internationale Zuständigkeit der deutschen und türkischen Gerichte, sondern räumt auch den deutschen und türkischen Konsuln wichtige Befugnisse im Einklang mit entsprechenden Aufgaben ein. Diese Befugnisse führen zuweilen in der deutschen Praxis zu Zweifeln, ob der Erbschein im Todesfalle eines türkischen Staatsangehörigen in Deutschland vom türkischen Konsul auszustellen ist. Der Beitrag gibt einen Überblick über die im Nachlassabkommen festgelegten kollisionsrechtlichen Regeln und klärt zivilprozessrechtliche Fragen im Hinblick auf die Ausstellung der Erbscheine und deren Bedeutung im türkischen Zivilprozessrecht.

Mitteilungen:

-E. Jayme/C.F. Nordmeier: Aktuelle Fragen der Internationalen Schiedsgerichtsbarkeit – Tagung der Rechtsfakultät der Universität Belgrad Anwendung und Rezeption lusophoner Rechte: Tagung der Deutsch-Lusitanischen Juristenvereinigung in Köln, S. 281
-E. Jayme: Kunsthandel und Internationales Privatrecht – Zugleich Rezension zu Michael Anton, Rechtshandbuch – Kulturgüterschutz und Kunstrestitutionsrecht, p. 283
-M.-P. Weller: „Les conflits de lois n’existent pas!“ – Hague Academy of International Law – Ein Bericht über die IPR-Session 2011, S. 284

Internationale Abkommen
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Últimos números: 3/2011, 4/2011, 5/2011, 6/2011, 1/2012, 2/2012.

Documentos COM (febrero, marzo 2012)

-COM(2012) 140 final (Bruselas, 28.3.2012): COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO - La represión del delito en la era digital: creación de un centro europeo de ciberdelincuencia.

-COM(2012) 85 final (Bruselas, 12.3.2012): Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea {SWD(2012) 31 final} {SWD(2012) 32 final}

-COM(2012) 71 final (Bruselas, 23.2.2012): INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO sobre la aplicación de la Directiva 2003/8/CE destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios {SWD(2012) 20 final}

Nota: Véase la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (15.5.2012)

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON, presentadas el 15 de mayo de 2012, en el Asunto C‑79/11 (Giovanardi y otros): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Firenze (Italia)] Cooperación policial y judicial en materia penal – Responsabilidad penal de las personas jurídicas – Derecho a indemnización de las víctimas de infracciones penales.

Nota: La Abogado General propone al Tribunal fallar del siguiente modo:
"El principio general establecido por la primera parte del artículo 9, apartado 1, de la Decisión marco debe interpretarse en el sentido de que, si un Estado miembro contempla en su ordenamiento jurídico procesos contra personas jurídicas por actos ilícitos, el hecho de que dicho ordenamiento jurídico califique la responsabilidad por dichos actos de “indirecta y subsidiaria” o “administrativa” no exime al Estado miembro de su obligación de aplicar las disposiciones de dicho artículo cuando: 1) los criterios por los que se defina el acto ilícito remitan a las disposiciones del Codice Penale; 2) la responsabilidad por ese acto se base esencialmente en la comisión de un acto ilícito por una persona física, y 3) el proceso contra la persona jurídica se siga ante los tribunales penales, esté sometido a las disposiciones del Codice di procedura penale y, normalmente, se acumule al proceso contra la persona física o las personas físicas presuntas autoras del acto ilícito.
La excepción a esa norma general establecida en la segunda parte del artículo 9, apartado 1, debe ser objeto de interpretación estricta. Esta excepción no puede interpretarse de tal manera que excluya de la norma general establecida por la primera parte de dicho artículo todos los casos en que esté implicada una categoría específica de autores de la infracción, tal como las personas jurídicas."

BOE de 15.5.2012

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos en materia de cooperación policial transfronteriza, hecho "ad referendum" en Madrid el 16 de noviembre de 2010.

Nota: Este Acuerdo entrará en vigor el 20.5.2012.

[BOE n. 116, 15.5.2012]

DOUE de 11.5.2012

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las propuestas legislativas relativas a la resolución alternativa y en línea de litigios en materia de consumo.

Nota: El SEPD se pronuncia ahora sobre dos propuestas de la Comisión en materia de resolución alternativa de litigios:

-COM(2011) 793 final (Bruselas, 29.11.2011): Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre RAL en materia de consumo) {SEC(2011) 1408 final} {SEC(2011) 1409 final}
-COM(2011) 794 final (Bruselas, 29.11.2011): Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo (Reglamento sobre RLL en materia de consumo)

El SEPD llega a las siguientes conclusiones:

-El SEPD recibe con agrado el hecho de que hayan sido integrados en el texto los principios de protección de datos, en particular, respecto de la limitación a una finalidad específica y la restricción de acceso, la limitación del período de conservación y las medidas de seguridad. El SEPD recomienda, sin embargo, que:
· se aclaren las responsabilidades de los responsables del tratamiento y se informe a los interesados oportunamente;
· se aclare la limitación de los derechos de acceso;
· se complemente las disposiciones sobre la seguridad;
· se mencione la necesidad de consultar al SEPD en relación con los actos delegados y de ejecución relativos al tratamiento de datos personales.
-El SEPD desea asimismo recordar que el tratamiento de datos personales en el marco de la plataforma RLL puede quedar sometido al control previo por parte de las autoridades nacionales de protección de datos y del propio SEPD.

[DOUE C136, de 11.5.2012]

Bibliografía - Orden europea de protección

La orden europea de protección
José Luis RODRÍGUEZ LAINZ, Magistrado, Juzgado de instrucción 4 de Córdoba
Diario La Ley, Nº 7854, Sección Doctrina, 9 May. 2012

La regulación de la euro-orden de protección fue uno de los principales objetivos de la Presidencia española de la Unión Europea del primer semestre de 2010. Tal iniciativa fraguó finalmente con la aprobación de la Directiva 2010/99/UE [sic.], de 13 de diciembre de 2010 [sic.], sobre la orden europea de protección. Pero lejos de poder considerarse un éxito, en un contexto de euforia como consecuencia de la comunitarización del llamado tercer pilar, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, tuvo que pasar por el tupido tamiz de una dura renuencia de parte de los Estados miembros de la Unión, desnaturalizando de tal manera la idea inicial que la ha convertido en una norma presidida no tanto por el principio del reconocimiento mutuo, sino por la idea del clásico exequátur o de la homologación conforme al derecho interno del Estado de ejecución.

Nota: Véase la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección, así como la entrada de este blog del día 21.12.2011.