Bibliografía (Artículo doctrinal)

Secuestro intracomunitario de menores: ilicitud del desplazamiento y Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Comentario a la STUE de 5 de octubre de 2010)
Isabel RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ, Universidad de Santiago de Compostela
Diario La Ley, Nº 7538, Sección Tribuna, 30 Dic. 2010

En las líneas que siguen, analizaremos la respuesta del TJUE siguiendo los tópicos de los que se ocupa en el propio orden de la sentencia. De este modo trataremos, en primer lugar, la cuestión planteada por la Comisión y el Gobierno alemán acerca de la competencia del TJUE para el conocimiento de esta cuestión prejudicial. En segundo lugar, analizaremos el fondo del asunto, cuyo tratamiento dividiremos en dos partes: una primera, en la que el TJUE realiza una interpretación simple del Reglamento; y una segunda, en la que el Tribunal introduce el elemento correctivo de los derechos humanos recogidos en la Carta y realiza un análisis valorativo a la luz de los mismos.

Nota: Véase la sentencia del TJUE de 5.10.2010, en el Asunto C‑400/10 PPU (McB.), así como la página del blog Conflictus Legum del día 5.10.2010.

DOUE de 29.12.2010

-Información relativa a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre cooperación judicial en materia penal.

Nota: El Acuerdo entrará en vigor el 2.1.2011.
Véase el Acuerdo entre la Unión Europea y Japón, así como la entrada de este blog del día 12.2.2010.

[DOUE L343, de 29.12.2010]

-Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República de Estonia, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Hungría, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Finlandia y el Reino de Suecia con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la orden europea de protección, y sobre la iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República de Estonia, el Reino de España, la República de Austria, la República de Eslovenia y el Reino de Suecia para una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al exhorto europeo de investigación en materia penal.

-Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — «Panorama general de la gestión de la información en el espacio de libertad, seguridad y justicia»

[DOUE C355, de 29.12.2010]

Tribunal de Justicia de la Unión Eueropea (22.12.2010)

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 22 de diciembre de 2010, en el Asunto C‑491/10 PPU (Aguirre Zarraga): Cooperación judicial en materia civil – Reglamento (CE) nº 2201/2003 – Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental – Responsabilidad parental – Derecho de custodia – Sustracción de un menor – Artículo 42 – Ejecución de una resolución certificada que ordena la restitución de un menor dictada por un órgano jurisdiccional competente (español) – Competencia del órgano jurisdiccional requerido (alemán) para denegar la ejecución de dicha resolución en caso de violación grave de los derechos del menor.

Fallo del Tribunal: "En circunstancias como las del asunto principal, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución no puede oponerse a la ejecución de una resolución certificada que ordena la restitución de un menor ilícitamente retenido por considerar que el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen del que emana esta resolución ha vulnerado el artículo 42 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, interpretado conforme al artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por cuanto la apreciación de la existencia de tal vulneración compete exclusivamente a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen."

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 22 de diciembre de 2010, en el Asunto C‑497/10 PPU (Mercredi): Cooperación judicial en materia civil – Reglamento (CE) nº 2201/2003 – Materia matrimonial y de responsabilidad parental – Hija de padres no casados – Concepto de “residencia habitual” de un menor lactante – Concepto de “derecho de custodia”

Fallo del Tribunal:
"1) El concepto de «residencia habitual» a efectos de los artículos 8 y 10 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que esa residencia corresponde al lugar que revela una cierta integración del menor en un entorno social y familiar. A tal fin, y cuando se trata de la situación de un lactante que se encuentra con su madre tan sólo desde algunos días antes en un Estado miembro, distinto del Estado de su residencia habitual al que ha sido trasladado, deben considerarse en especial la duración, la regularidad, las condiciones y las razones de la estancia en el territorio de ese Estado miembro y del traslado de la madre a este último Estado, por una parte, y por otra, a causa en particular de la edad del menor, los orígenes geográficos y familiares de la madre, así como las relaciones familiares y sociales que mantienen ésta y el menor en el mismo Estado miembro. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional determinar la residencia habitual del menor teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias de hecho específicas de cada caso.
En el supuesto de que la aplicación en el asunto principal de los criterios antes mencionados llevara al órgano jurisdiccional nacional a concluir que no puede identificarse la residencia habitual del menor, la determinación del órgano jurisdiccional competente debería realizarse conforme al criterio de la «presencia del menor» en virtud del artículo 13 del Reglamento.
2) Las resoluciones de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que desestiman en virtud del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores una demanda de restitución inmediata de un menor al territorio del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, y relativas a la responsabilidad parental respecto a ese menor, no afectan a las resoluciones que deban dictarse en ese otro Estado miembro sobre acciones relativas a la responsabilidad parental que se hayan ejercido anteriormente y estén aún pendientes."

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 22 de diciembre de 2010, en el Asunto C-279/09 (DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft): Tutela judicial efectiva de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión – Derecho de acceso a un tribunal – Asistencia jurídica gratuita – Normativa nacional que deniega la asistencia jurídica gratuita a una persona jurídica por falta de “interés general”.

Fallo del Tribunal:
"El principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se excluye que pueda ser invocado por personas jurídicas y que la asistencia concedida en aplicación de este principio pueda incluir, en particular, la dispensa del pago anticipado de las costas del procedimiento y/o de la asistencia letrada.
Corresponde a este respecto al juez nacional comprobar si los requisitos para la concesión de la asistencia jurídica gratuita constituyen una limitación del derecho de acceso a los tribunales que pueda afectar a la propia esencia de este derecho, si persiguen un fin legítimo y si existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido.
Al realizar esta apreciación, el juez nacional puede tomar en consideración el objeto del litigio, la existencia de posibilidades razonables de que el demandante salga vencedor del proceso, la importancia que para éste tiene el objeto del proceso, la complejidad del Derecho y del procedimiento aplicables, así como la capacidad del demandante de defender eficazmente su causa. Para valorar la proporcionalidad, el juez nacional puede también tener en cuenta el importe de las costas de procedimiento que deben abonarse por anticipado y si éstas pueden representar o no un obstáculo insuperable al acceso a la justicia.
Por lo que respecta más concretamente a las personas jurídicas, el juez nacional puede tomar en consideración la situación de las mismas. De este modo, puede tener en cuenta, en particular, la forma de la persona jurídica en cuestión y si ésta tiene o no ánimo de lucro, los recursos económicos de sus socios o accionistas y la posibilidad de éstos de conseguir las cantidades necesarias para ejercitar la acción."

Bibliografía - Arbitraje

Tres apuntes sobre la reforma de la Ley de Arbitraje
Marco DE BENITO LLOPIS-LLOMBART, Profesor de Derecho Procesal, Facultad de Derecho (ICADE), Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Diario La Ley, Nº 7533, Sección Doctrina, 22 Dic. 2010

Se halla en tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Arbitraje. El presente trabajo analiza críticamente tres de las principales novedades del Proyecto y, con la intención de contribuir a la mejora técnica del texto legal, sugiere, en algunos casos, soluciones alternativas.

Nota: Véase el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, así como la página del blog Conflictus Legum del día 10.9.2010.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

SENTENCIAS

-Asunto C-205/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Szombathelyi Városi Bíróság — Hungría) — Proceso penal contra Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión marco 2001/220/JAI — Estatuto de la víctima en el proceso penal — Concepto de «víctima» — Persona jurídica — Mediación penal en el marco del proceso penal — Disposiciones de desarrollo)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.10.2010.

-Asunto C-306/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle — Bélgica) — Ejecución de una orden de detención europea dictada contra I.B. (Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros — Artículo 4 — Motivos de no ejecución facultativa — Artículo 4, punto 6 — Orden de detención dictada para la ejecución de una pena — Artículo 5 — Garantías que debe dar el Estado miembro emisor — Artículo 5, punto 1 — Condena en rebeldía — Artículo 5, punto 3 — Orden de detención dictada a efectos de entablar una acción penal — Entrega supeditada a la condición de que la persona buscada sea devuelta al Estado miembro de ejecución — Aplicación conjunta de los puntos 1 y 3 del artículo 5 — Compatibilidad)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.10.2010.

NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-292/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Regensburg (Alemania) el 11 de junio de 2010 — G/Cornelius de Visser.

Cuestiones planteadas:
"a) ¿Se oponen el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, del Tratado de la Unión Europea, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, (en lo sucesivo, «TUE»), en relación con el artículo 47, párrafo segundo, frase primera, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta de los Derechos Fundamentales») u otras disposiciones del Derecho de la Unión, a una notificación pública conforme al Derecho nacional (con arreglo a los artículos 185 a 188 de la Zivilprozessordnung alemana, por exposición durante 1 mes de la comunicación de notificación en el tablón de anuncios del órgano jurisdiccional que acuerda la notificación), si la parte contraria en un litigio civil (en fase inicial) indica en su sitio de Internet una dirección en el territorio de la Unión Europea (en lo sucesivo, «territorio de la Unión»), pero es imposible la notificación en dicha dirección por falta de residencia del demandado en aquel lugar y tampoco es posible determinar de otra forma su paradero?
b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión del apartado 2 a):
En tal caso, ¿el órgano jurisdiccional nacional, conforme a la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia [recientemente en la sentencia de 12 de enero de 2010, Petersen (C-341/08, aún no publicada en la Recopilación)], debe inaplicar las disposiciones nacionales que admiten la notificación pública aún cuando el Derecho nacional únicamente confiera una facultad de no aplicación de este tipo al Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional alemán)?
y
¿Debería la demandante comunicar al órgano jurisdiccional una nueva dirección del demandado, en la que puedan realizarse notificaciones, para una nueva notificación de la demanda a fin de permitirla hacer valer sus derechos, ya que, con arreglo al Derecho nacional, sin notificación pública y a falta de constancia del paradero del demandado, no es posible tramitar el procedimiento?
c) En caso de respuesta negativa a la cuestión del apartado 2 a): En el presente caso, ¿se opone el artículo 26, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1 en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I») a que se dicte una sentencia en rebeldía con arreglo al artículo 331 de la Zivilprozessordnung alemana, es decir, un título ejecutivo para créditos no impugnados en el sentido del Reglamento (CE) nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO L 143, p. 15 en lo sucesivo, «Reglamento nº 805/2004»), en la medida en que se pretende la condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios por un importe de, al menos, 20 000,00 euros, más intereses, y gastos de abogado por una cuantía de 1 419,19 euros, más intereses?
Las siguientes cuestiones están condicionadas a que la demandante pueda proseguir con el litigio con arreglo a las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones de los apartados 2 a) a 2 c):
d) Habida cuenta de los artículos 4, apartado l, y 5, número 3, del Reglamento Bruselas I ¿es éste también aplicable a aquellos casos en los que el demandado en un procedimiento civil al que se le reclama, por gestionar un sitio de Internet, que cese, informe y pague una indemnización por daños y perjuicios, es (presuntamente) ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 9, frase segunda, del TUE, pero se desconoce su lugar de residencia y, por tanto, parece posible, pero no seguro, que actualmente se encuentre fuera del territorio de la Unión y también fuera del resto del territorio de aplicación del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988 (DO L 319, p. 9 en lo sucesivo, «Convenio de Lugano»), y se desconoce el emplazamiento exacto del servidor en el que está ubicado el sitio de Internet, si bien parece lógico pensar que éste se encuentra en territorio de la Unión?
e) Si el Reglamento Bruselas I fuese aplicable al presente caso: En caso de (riesgo de) vulneración de los derechos de la personalidad a través del contenido de un sitio de Internet, ¿debe interpretarse la expresión «lugar donde pudiere producirse el hecho dañoso» contenida en el artículo 5, número 3, del Reglamento Bruselas I en el sentido de que
la afectada (en lo sucesivo, «la demandante») puede entablar una acción con pretensión cesatoria, informativa e indemnizatoria contra el gestor del sitio de Internet (en lo sucesivo, «el demandado») también ante los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro desde el que puede accederse al sitio de Internet, cualquiera que sea el lugar de establecimiento del gestor (en territorio de la Unión o fuera de éste),
o,
la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro en el que el demandado no tenga su establecimiento, ni existan indicios de ningún tipo de la residencia del demandado en el territorio de ese Estado miembro, está supeditada a la existencia de una vinculación especial del contenido controvertido o del sitio de Internet con el Estado del foro que vaya más allá de la mera posibilidad técnica de acceso al sitio de Internet?
f) En caso de que se exija dicha vinculación con el Estado del foro, ¿qué criterios determinan dicha vinculación?
¿Depende ésta de que el sitio de Internet al que se refiere la acción inhibitoria esté dirigido, por haberlo dispuesto así el gestor del mismo, (también) a los usuarios de Internet en el Estado del foro, o es suficiente que la información accesible en el sitio de Internet presente una vinculación objetiva con el Estado del foro, en el sentido de que, a la luz de las circunstancias del caso concreto, en especial del contenido del sitio de Internet controvertido, se haya producido o pueda producirse, o se haya producido ya debido a que uno o varios conocidos de la lesionada en sus derechos de la personalidad hayan tenido conocimiento del contenido del sitio de Internet, en el Estado del foro una colisión de los intereses concurrentes, a saber, el interés de la demandante en el respeto de sus derechos de la personalidad y el interés del gestor en el diseño de su sitio de Internet y en la cobertura informativa?
g) ¿Es decisivo para determinar la vinculación con el Estado del foro el número de consultas realizadas desde dicho Estado al sitio de Internet controvertido?
h) En el caso de que, con arreglo a las cuestiones anteriores, el órgano jurisdiccional remitente fuese competente para conocer de la demanda en cuestión, ¿serían también aplicables al presente caso los principios establecidos en la sentencia de 7 de marzo de 1995, Shevill y otros (C-68/93, Rec. p. I-00415)?
i) Si la atribución de la competencia no requiere un vínculo especial con el Estado del foro o si dicho vínculo se presume cuando la información controvertida presenta una vinculación objetiva con el Estado del foro, en el sentido de que, a la luz de las circunstancias del caso concreto, en especial del contenido del sitio de Internet controvertido, se ha producido o puede producirse, o ya se haya producido debido a que uno o varios conocidos de la lesionada en sus derechos de la personalidad tengan conocimiento del contenido del sitio de Internet, en dicho Estado una colisión de los intereses concurrentes, y la presunción de dicha vinculación no exija la constancia de un número mínimo de consultas realizadas desde el Estado del foro al sitio de Internet controvertido, o el Reglamento de Bruselas I no fuese aplicable al presente caso:
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (en lo sucesivo, «Directiva sobre el comercio electrónico») en el sentido de que debe atribuirse a las disposiciones mencionadas el carácter de normas de conflicto que prevalecen sobre las normas nacionales de conflicto también en el ámbito del Derecho civil y determinan la aplicación exclusiva del Derecho del país de origen,
o,
dichas disposiciones constituyen un correctivo del derecho material aplicable a través del cual se modifica el contenido del Derecho aplicable designado por las normas nacionales de conflicto y se reduce a las exigencias del Derecho del Estado de origen?
j) Si el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre el comercio electrónico tienen el carácter de norma de conflicto:
¿Determinan dichas disposiciones únicamente la aplicación exclusiva de la ley material del Derecho del país de origen o también la aplicación de sus normas nacionales de conflicto por lo que no se excluye un posible reenvío del Derecho del Estado de origen al Derecho del Estado del foro?
k) Si el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre el comercio electrónico tienen el carácter de norma de conflicto:
¿Para determinar el lugar de establecimiento del prestador de servicios hay que atender a la (presunta) residencia actual, a la residencia al inicio de la divulgación de las fotos de la demandante o al (presunto) emplazamiento del servidor en que se almacena el sitio de Internet?"

-Asunto C-491/10 PPU: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Celle (Alemania) el 15 de octubre de 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz.

Cuestiones planteadas:
"1) ¿Tiene el órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución excepcionalmente una facultad de control propia, en virtud de una interpretación del artículo 42 del Reglamento Bruselas II bis conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales, en caso de graves vulneraciones de derechos fundamentales en la resolución que ha de ejecutarse?
2) ¿Está obligado el órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución a proceder a la ejecución, a pesar de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen haya expedido un certificado, con arreglo al artículo 42 del Reglamento Bruselas II bis, que, según se desprende de los autos, es manifiestamente inexacto?"

[DOUE C346, de 18.12.2010]

DOUE de 16.12.2010

Parlamento Europeo
(Sesiones del 9 al 11 de febrero de 2010)

Cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia:
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2010, sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre la celebración por la Comunidad Europea del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia (COM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(NLE))

Nota: Véase el documento COM(2009) 373 final/2 (Bruselas, 24.8.2009): Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la celebración por la Comunidad Europea del Convenio Sobre Cobro Internacional De Alimentos Para Los Niños y Otros Miembros De La Familia
Véase igualmente el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, así como la entrada de este blog del día 25.2.2010.

[DOUE C 341E, de 16.12.2010]

Propuesta de la Comisión para modificar el Reglamento Bruselas I

Los blogs de Derecho Internacional Privado están que echan humo. Y no hay para menos. La Comisión acaba de publicar su Propuesta para reformar el Reglamento Bruselas I: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters - COM(2010) 748/3 (Brussels, 14/12/2010)

La Comisión ha emitido una nota de prensa sobre el tema, en la que destaca los cuatro puntos más destacados de la reforma propuesta:

• Supresión del exequátur. En el futuro, las sentencias en materia civil y comercial dictadas por un tribunal en un Estado miembro se ejecutarán automáticamente en toda la UE. Únicamente podrá detener la ejecución de una sentencia en circunstancias excepcionales.
• Mejora la protección de los consumidores en lo que respecta a litigios que impliquen a países que no pertenecen a la UE. En las relaciones entre un consumidor domiciliado en la UE y una empresa establecida fuera de la UE, los tribunales del país en el que el consumidor está domiciliado tendrán competencia para conocer del litigio.
• Aporta seguridad jurídica a los acuerdos de elección de foro entre empresas. Actualmente, mediante tácticas espúreas de litigación --conocidas con el nombre de «torpedo italiano»-- se cuestiona la validez de los acuerdos de sumisión ante los tribunales de otro Estado miembro con el objeto de retrasar la resolución del conflicto. Se sale al paso proponiendo que el tribunal elegido en el acuerdo de elección de foro sea siempre el primero en determinar la validez o no del acuerdo.
• Refuerza la competitividad de la industria del arbitraje europea. En la actualidad, una empresa que se quiera librar de un acuerdo de arbitraje puede alegar con relativa facilidad que este no es válido y presentar una demanda en el tribunal del Estado miembro en el que sea más fácil conseguir una decisión favorable que cuestione su validez. La Comisión propone garantizar que la elección del tribunal de arbitraje estará protegida contra la litigación abusiva.

Sobre la Propuesta véase:

• Lvcentinvs, el blog de Aurelio López-Tarruella.
• El blog de Marina Castellaneta.
• Conflict of Laws .Net.

Agradezco a Aurelio López-Tarruella (Universidad de Alicante) y a Giorgio Buono (Università di Roma "La Sapienza") la información que me han facilitado.

Bibliografía - La gestación por sustitución

La gestación por sustitución en nuestro ordenamiento jurídico
M.ª del Rosario DÍAZ ROMERO, Profesora Titular de Derecho Civil (Universidad Autónoma de Madrid)
Diario La Ley, Nº 7527, Sección Doctrina, 14 Dic. 2010

El contrato de gestación por sustitución es nulo en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí está permitida la inscripción registral y reconocimientos de filiación determinada conforme a legislación extranjera que permite el uso de la maternidad subrogada y reconoce efectos legales a la renuncia de filiación de la madre gestante. Así lo establece la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, aunque está siendo duramente criticada por su posible incursión en fraude de Ley, respecto del art. 10.1 Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006.

Nota: Véase la la Instrucción de la DGRN de 5 de octubre de 2010, así como la entrada del blog Conflictus Legum de día 13.12.2010 y las referencias en ella contenidas.

DOUE 14.12.2010

Comité Económico y Social Europeo
459ª sesión plenaria de los días 20 y 21 de enero de 2010

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una metodología armonizada para clasificar y notificar las reclamaciones y consultas de los consumidores

Nota: Véase el documento COM(2009) 346 final (Bruselas, 7.7.2009): COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre una metodología armonizada para clasificar y notificar las reclamaciones y consultas de los consumidores (SEC(2009)949)

[DOUE C339, 14.12.2010]

Jurisprudencia - Gestación por sustitución

Juzgado de Primera Instancia N°. 15 de Valencia, Sentencia de 15 Sep. 2010, proc. 188/2010: Registro Civil. Inscripción de nacimiento. Menores nacidos en Estados Unidos a través de gestación por sustitución, mediante la aportación de certificación registral extranjera en la que consta el nacimiento y la filiación de los nacidos. No pueden inscribirse como hijos de un matrimonio homosexual español. Aplicación de la normativa española que prohíbe la gestación por sustitución (art. 10 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida). Dado que el encargado del Registro Civil Consular debe, de acuerdo con el art. 23 LRC, examinar la legalidad conforme a la ley española del certificado extendido en Registro extranjero con carácter previo a su inscripción en el Registro Civil español, al estar prohibida en España la gestación por sustitución debe impedirse el acceso al Registro de la inscripción así intentada.

Ponente: Tabernero Moreno, Esteban.
Nº de Sentencia: 193/2010
Nº de Recurso: 188/2010
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 7526, Sección La Sentencia del día, 13 Dic. 2010

Nota: Véase la Resolución de la DGRN de 18 de febrero de 2009 y la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la DGRN, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución.
Véanse también las entradas del blog Conflcitus Legum del día 27.3.2009, del día 21.7.2009 y del día 7.10.2010.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (7.12.2010)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 7 de diciembre de 2010, en los asuntos acumulados C‑585/08 (Pammer) y C‑144/09 (Hotel Alpenhof): Competencia judicial en materia civil y mercantil –Reglamento (CE) nº 44/2001– Artículo 15, apartados 1, letra c), y 3 – Competencia en materia de contratos celebrados por consumidores – Contrato de viaje en carguero – Concepto de “viaje combinado” – Contrato de estancia en el hotel – Presentación del viaje y del hotel en una página web – Concepto de actividad “dirigida” al Estado miembro del domicilio del consumidor – Criterios – Accessibilidad de la página web.

Fallo del Tribunal:
"1) Un contrato que tiene por objeto un viaje en carguero, como el controvertido en el litigio principal en el asunto C‑585/08, es un contrato de transporte que, por un precio global, ofrece una combinación de viaje y alojamiento en el sentido del artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

2) Con el fin de determinar si puede considerarse que un vendedor, cuya actividad se presenta en su página web o en la de un intermediario, «dirige» su actividad al Estado miembro del domicilio del consumidor, en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 44/2001, procede comprobar si, antes de la celebración del contrato con el consumidor, de las citadas páginas web y de la actividad global del vendedor se desprendía que este último tenía intención de comerciar con consumidores domiciliados en otro u otros Estados miembros, entre ellos el del domicilio del consumidor, en el sentido de que estaba dispuesto a celebrar un contrato con ellos.

Los siguientes elementos, cuya lista no es exhaustiva, pueden constituir indicios que permiten considerar que la actividad del vendedor está dirigida al Estado miembro del domicilio del consumidor: el carácter internacional de la actividad, la descripción de itinerarios desde otros Estados miembros al lugar en que está establecido el vendedor, la utilización de una lengua o de una divisa distintas de la lengua o la divisa habitualmente empleadas en el Estado miembro en el que está establecido el vendedor, con la posibilidad de reservar y de confirmar la reserva en esa otra lengua, la mención de números de teléfono con indicación de un prefijo internacional, los gastos en un servicio de remisión a páginas web en Internet con el fin de facilitar el acceso al sitio del vendedor o al de su intermediario a consumidores domiciliados en otros Estados miembros, la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor y la mención de una clientela internacional formada por clientes domiciliados en diferentes Estados miembros. Corresponde al juez nacional comprobar si existen esos indicios.

En cambio, el mero hecho de que pueda accederse a la página web del vendedor o del intermediario en el Estado miembro del domicilio del consumidor es insuficiente. Lo mismo ocurre con la mención de una dirección electrónica y de otros datos o con la utilización de una lengua o de una divisa que son las habitualmente empleadas en el Estado miembro en el que está establecido el vendedor."

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

SENTENCIAS

-Asunto C-400/10 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — J. McB./L. E. [Cooperación judicial en materia civil — Materia matrimonial y de responsabilidad parental — Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores — Reglamento (CE) no 2201/2003 — Menores cuyos progenitores no están casados — Derecho de custodia del padre — Interpretación del concepto de «derecho de custodia» — Principios generales del Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]

Fallo del Tribunal: "El Reglamento (CE) nº 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro supedite la adquisición del derecho de custodia por el padre de un menor, no casado con la madre de este, a que el padre obtenga una resolución del órgano jurisdiccional nacional competente que le confiera tal derecho que puede hacer ilícito, en el sentido del artículo 2, número 11, de dicho Reglamento, el traslado del menor por su madre o la no restitución de este."

Nota: Véase la entrada del blog Conflictus Legum del día 5.10.2010.

NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-497/10 PPU: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 18 de octubre de 2010 — Barbara Mercredi/Richard Chaffe.

Cuestiones prejudiciales:
"1) Se pide al Tribunal de Justicia que especifique cuál es criterio apropiado para determinar la residencia habitual de un menor, a efectos:

a) del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 y
b) del artículo 10 del Reglamento (CE) nº 2201/2003.

2) ¿Es un órgano jurisdiccional una «institución u organismo» que pueda adquirir un derecho de custodia a efectos de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 2201/2003?
3) ¿Es aplicable el artículo 10 con posterioridad a que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro requerido hayan rechazado la restitución del menor solicitada con arreglo al Convenio de La Haya sobre sustracción de menores, sobre la base de que no se cumplen los requisitos de los artículos 3 y 5 de éste?
En particular, ¿cómo debe resolverse el conflicto que surge cuando el Estado requerido estima que los requisitos de los artículos 3 y 5 del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores no se cumplen y el Estado requirente estima que sí se cumplen?"

[DOUE C328, de 4.12.2010]

DOUE de 2.12.2010

Petición de un dictamen consultivo al Tribunal de la AELC por el Fürstliches Obergericht, con fecha de 19 de mayo de 2010, en el asunto del Dr. Joachim Kottke contra Präsidial Anstalt y Sweetlye Stiftung (Asunto E-5/10).

Cuestiones planteadas al Tribunal de la AELC:
"1) ¿Constituye el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que entró en vigor en Liechtenstein el 1 de mayo de 1995, un tratado (multilateral) que, a resultas de la prohibición de discriminación contenida en particular en su artículo 4, prohíba que se imponga a los demandantes que residen en otro Estado miembro del EEE la obligación de constituir una caución para costas si los demandantes que residen en Liechtenstein no están obligados a constituir tal caución para costas?
En caso de que la pregunta anterior reciba una respuesta negativa:
2) ¿Es la disposición de la sección 57(2), punto 1, del Liechtenstein Zivilprozessordnung (Código de Enjuiciamiento Civil), por la que la dispensa de la obligación de los demandantes que residen en otro Estado de constituir una caución se condiciona a la posibilidad de ejecución en el país de residencia, compatible con el Acuerdo EEE, y en especial con la prohibición general de discriminación en virtud de su artículo 4, en la medida en que se aplique a los demandantes que residen en un Estado miembro del EEE?"

[DOUE C325, de 2.12.2010]

BOE de 2.12.2010

Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996.

Nota: El pasado 6 de septiembre, España ratificó el texto convencional, que entrará en vigor para nuestro país el 1.1.2011.

En el año 2003, España formuló una declaración, que le venía impuesta por la Decisión del Consejo 2003/93/CE, de 19 de diciembre de 2002. Mediante esta declaración, las resoluciones dictadas en los Estados miembros de la UE en relación con una materia del Convenio serán reconocidas y declaradas ejecutivas en España mediante las disposiciones del Reglamento (CE) nº 2201/2003 (Reglamento de Bruselas II). Por otro lado, en el momento de la ratificación, España realizó nuevas declaraciones relativas a la aplicación del texto convencional en Gibraltar, a las demandas previstas en el art. 34.1, así como a las medidas adoptadas en relación con los niños situados en su territorio.

Finalmente, hay que recordar las disposiciones relativas a la colisión con otras normas. De conformidad con el art. 51, este Convenio sustituye al Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores, así como al Convenio para regular la tutela de los menores, firmado en La Haya el 12 de junio de 1902, todo ello "sin perjuicio del reconocimiento de las medidas adoptadas según el Convenio de 5 de octubre de 1961". Asimismo, el art. 61 del Reglamento Bruselas II se ocupa de las relaciones entre ambos textos, estableciendo que el Reglamento prima sobre el Convenio en las relaciones entre Estados de la UE en materia de competencia judicial y reconocimiento y declaración de ejecutividad de resoluciones en aquellas materias coincidente (responsabilidad parental y protección de menores) cuando el menor afectado reside habitualmente en un Estado miembro o cuando debe reconocerse una resolución dictada por un órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro.

Con la ratificación de este Convenio, la concurrencia de fuentes en materia de protección de menores llega a ser prolija, cuando no asfixiante. Veamos. La competencia internacional de las autoridades se reglamentará por el Convenio de 1996, por el Reglamento Bruselas II y, en lo residual, por el art. 22.3, segundo inciso, LOPJ. La elección de una u otra fuente dependerá de la "localización" del niño o de la edad del "niño" (mayor de 18 años aunque menor de edad). Por lo que se refiere a la determinación de la ley aplicable a las medidas de protección, se aplicará fundamentalmente el Convenio, aunque sin descartar, a pesar del carácter universal de sus normas de conflicto, la aplicación del art. 9.6 Cc para los supuestos de protección excluidos del ámbito de aplicación personal del texto convencional (mayores de 18 años pero menores). El reconocimiento y declaración de ejecutividad de las medidas de protección se regirán, según los casos, por el Convenio de 1996, por el Reglamento Bruselas II (medidas adoptadas por autoridades de Estados comunitarios) o, incluso, por los arts. 954 y ss. de la LEC de 1881 (medidas adoptadas en países no comunitarios y que no son parte en el Convenio, y medidas referidas a "menores" mayores de 18 años).
Como puede verse, un auténtico galimatías de normas y de supuestos cubiertos por las distintas normas. Y eso sin entrar en la reglamentación del Convenio, minuciosa y prolija en exceso (63 artículos frente a los 25 de su antecesor, el Convenio de 1961) en su afán de querer resolver todas las cuestiones (véase, p.ej., los arts. 7, 8, 9 ó 47). ¿Seremos algún día los especialistas capaces de simplificar las normas y hacerlas fáciles y asequibles al público en general? Visto lo visto, cada día soy más escéptico.

Para entender algunos aspectos del Convenio puede ser útil --más bien, es aconsejable-- la lectura del Informe explicativo, elaborado por Paul Lagarde.

Sobre la ratificación de este texto convencional véanse las entradas del blog Conflictus Legum del día 8.11.2010 y del día 10.2.2010.

[BOE n. 291, de 2.12.2010]

Bibliografía - Papeles de Derecho Europeo e Integración Regional

Acaba de aparecer la publicación periódica on-line "Papeles de Derecho Europeo e Integración Regional", editada por el Instituto Universitario de Investigación - Derecho Europeo e Integración Regional (IDEIR). Esta publicación bilingüe se edita en el marco de la Cátedra Jean Monnet y se halla dirigida por Ricardo Alonso García (Catedrático de Derecho Administrativo y Comunitario). Su contenido está dedicado a temas de actualidad política, jurídica y económica de la Unión Europea y del Consejo de Europa, así como de otras organizaciones de ámbito regional, especialmente latinoamericanas.

El núm. 1 de los Papeles es el trabajo "Lisboa y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", del que es autor Ricardo Alonso García, Catedrático y Director del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional (Universidad Complutense de Madrid), Codirector de la Revista Española de Derecho Europeo (Thomson Reuters - Civitas).

Sumario: I. Introducción: la reforma de Lisboa y el legado de la Constitución europea. II. Las modificaciones en la organización del poder judicial de la Unión y en el nombramiento de sus miembros: 1. La denominación de la “institución” y de los “órganos” judiciales de la Unión. 2. El juez nacional como juez de la Unión. 3. La designación de los miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General (el comité de evaluación ex artículo 255 TFUE). 4. El procedimiento para futuras modificaciones del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la creación de tribunales especializados. III. Las modificaciones competenciales: 1. El pleno sometimiento del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia al control jurisdiccional. 2. El régimen singular de la Política Exterior y de Seguridad Común. IV. Las modificaciones procedimentales: 1. El recurso de anulación. 2. La acción por incumplimiento y por inejecución de sentencias. 3. La cuestión prejudicial. V. El futuro de la arquitectura judicial de la Unión: 1. El reto de la mayor complejidad del proceso decisorio y de la naturaleza vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales (cuestiones “típicamente” constitucionales). 2. La cuestión de la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Versión en español [aquí] - Versión en inglés [aquí]

Bibliografía

Tribunal Constitucional y cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Pedro TENORIO SÁNCHEZ, Profesor Titular de Derecho Constitucional (UNED, Madrid), Letrado del Tribunal Constitucional
Diario La Ley, Nº 7520, Sección Tribuna, 30 Nov. 2010

El autor considera conveniente, para el proceso de construcción europea y ajustado a Derecho, que nuestro Tribunal Constitucional plantee, en su caso, cuestión prejudicial ante el TJUE. Entre otros argumentos, señala que el TJUE, no solo considera habilitados a los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros para plantear cuestión prejudicial, sino que, en casos excepcionales, podría declarar incurso en responsabilidad a un Estado miembro como consecuencia de que su órgano de justicia constitucional no haya planteado cuestión prejudicial.

Documentos COM

-COM(2010) 603 final (Bruselas, 27.10.2010): INFORME SOBRE LA CIUDADANÍA DE LA UE 2010. La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE {COM(2010) 602 final} {COM(2010) 605 final}

-COM(2010) 573 final (Bruselas, 19.10.2010): COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN. Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea.

Nota: Véase la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

-COM(2010) 538 final (Bruselas, 1.10.2010): INFORME DE LA COMISIÓN. VIGESIMOSÉPTIMO INFORME ANUAL SOBRE EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA UE (2009) SEC(2010) 1143 SEC(2010) 1144

Parlamento Europeo - Plan de acción sobre el Programa de Estocolmo

El martes día 23, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo, de la que cabe resaltar los siguientes puntos:

• Se pide a la Comisión que lleve a cabo con carácter urgente un inventario de las medidas ya adoptadas en el marco del Derecho civil y del Derecho de familia con objeto de evaluar su eficacia y determinar en qué medida se han alcanzado sus objetivos y satisfecho las necesidades de los ciudadanos, las empresas y los profesionales del Derecho. Debe realizarse simultáneamente un estudio que abarque los ministerios nacionales de Justicia, las profesiones jurídicas, las empresas y las organizaciones de protección de los consumidores, con objeto de determinar los ámbitos en que son necesarias y deseables nuevas medidas por lo que se refiere a la cooperación judicial en materia civil (punto 3).
• Se observa que el Derecho de la Unión está considerado como una asignatura optativa en los programas de enseñanza y formación jurídica y judicial, lo que produce un efecto de marginación de esta materia. Por tanto, recomienda que los programas universitarios y de formación en el ámbito jurídico integren el Derecho de la Unión en todas las especialidades fundamentales. El Derecho comparado debe convertirse en un elemento clave de los programas universitarios. Se recomienda que los juristas tengan que poseer un buen conocimiento de al menos otra lengua oficial de la Unión, para lo que debería existir una mayor financiación, así como estimular a los estudiantes a participar en programas de tipo Erasmus en el marco de sus estudios de Derecho (puntos 11 y 12).
• Se acoge con satisfacción el Libro Verde sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas y se respalda la iniciativa de la Comisión para la creación de un instrumento de Derecho contractual europeo que pueda ser utilizado voluntariamente por las partes contratantes (punto 16).
• Se subraya la importancia de una justicia transfronteriza para resolver casos de fraude y prácticas comerciales engañosas que tengan su origen en un Estado miembro y que afecten a personas, ONG y PYME en otros Estados miembros. Se insta a la Comisión a que tome medidas con objeto de mejorar la cooperación entre los tribunales de los Estados miembros para la obtención de pruebas y de reforzar la eficacia del Reglamento (CE) nº 1206/2001, en particular, garantizando que los tribunales y los profesionales estén mejor informados al respecto y apoyen una generalización del uso de la tecnología de la información y las videoconferencias. Debería existir un sistema seguro para enviar y recibir mensajes electrónicos y que estos aspectos deberían abordarse en el marco de la estrategia europea e-Justicia. Se acoge con satisfacción que el plan de acción proponga una iniciativa legislativa para un Reglamento sobre una mayor eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales relativas a la transparencia de los activos del deudor, así como un Reglamento similar sobre el embargo de activos bancarios (puntos 17, 18 y 19).
• Se pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación uniforme del Derecho de la UE --aspectos de procedimiento--, con especial hincapié en las normas y procedimientos administrativos estandarizados aplicables en ámbitos de competencia de la UE, como la fiscalidad, las aduanas, el comercio y la protección de los consumidores, dentro de los límites establecidos en los Tratados de la UE, con objeto de garantizar el funcionamiento del mercado único y de la libre competencia (punto 24).
• Se pide a la Comisión que garantice la supresión de todos los obstáculos al desarrollo del comercio electrónico, identificados últimamente en la «Agenda Digital» para 2010, por medios tanto legislativos como no legislativos. Se pide que se busque lo antes posible una solución a los problemas comerciales transfronterizos relacionados con las compras en línea de los consumidores, particularmente respecto a los pagos y entregas transfronterizas. Se destaca la necesidad de aumentar la confianza de los consumidores y las empresas en el comercio electrónico transfronterizo, particularmente a través del desarrollo de la lucha contra la delincuencia cibernética y la falsificación. Se pide la elaboración de una Carta de la UE sobre los derechos de los consumidores en el ámbito de los servicios en línea y del comercio electrónico (punto 30).
  
• Se pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo sobre el ACTA en todas las fases de las negociaciones para respetar la letra y el espíritu del Tratado de Lisboa, así como que se garantice que el ACTA no modificará el acervo de la UE en materia de cumplimiento de los DPI y de los derechos fundamentales. Se pide a la Comisión que mantenga relaciones estrechas con terceros países que no participan en las negociaciones del ACTA, en particular los países emergentes (punto 31).
• Se llama la atención sobre los problemas relacionados con la inseguridad jurídica de los intercambios comerciales cuya procedencia o destino sean países terceros, y sobre la cuestión de cuál es la jurisdicción competente en tales casos para resolver un litigio. Se observa que, a pesar de la existencia de principios de Derecho internacional privado, su aplicación suscita una serie de problemas que afectan principalmente a los consumidores y a las pequeñas empresas, que a menudo desconocen cuáles son sus derechos. Se subraya que la globalización y el desarrollo de las operaciones por Internet plantean nuevos retos jurídicos (punto 32).
• En la medida en que el Derecho Internacional Privado tiene un impacto en el Derecho de sociedades, llama la atención a la Comisión sobre diversas resoluciones del Parlamento Europeo en esta materia, así como sobre las sentencias del TJUE en los asuntos Daily Mail y General Trust, Centros, Überseering, Inspire Art, SEVIC Systems y Cartesio. En este sentido, recuerda que la cuestión de si el art. 49 TFUE se aplica a una sociedad que invoque la libertad fundamental consagrada por dicho artículo constituye una cuestión previa que, en el estado actual del Derecho comunitario, solo se puede responder sobre la base del Derecho nacional aplicable. Los trabajos legislativos y convencionales en el ámbito del Derecho de sociedades previstos en el Tratado hasta la fecha no se han centrado sobre la disparidad de las legislaciones nacionales puesta de relieve en dichas sentencias y, por lo tanto, aún no han puesto fin a tal disparidad. Ello pone de manifiesto la existencia de una laguna en el Derecho de la Unión y la necesidad de colmarla (puntos 33 y 34).
• Se insta a la Comisión a que haga todo lo posible en la Conferencia de La Haya para relanzar el proyecto de convenio internacional sobre resoluciones judiciales. Se considera que la Comisión podría emprender amplias consultas sobre la cuestión de si conviene conferir un efecto de reciprocidad a las disposiciones del Reglamento (CE) nº 44/2001, con el objeto de alentar a otros países, especialmente a los Estados Unidos, a que reanuden las negociaciones. Se considera prematuro e imprudente considerar la posibilidad de conferir a las disposiciones de dicho Reglamento un efecto de reciprocidad hasta que no resulte suficientemente claro que han fracasado los intentos de relanzar las negociaciones en La Haya y que las consultas y estudios llevados a cabo no demuestren que una iniciativa de esas características sería beneficiosa y presentaría ventajas para los ciudadanos, las empresas y los profesionales en la UE (punto 35).
• Se alienta a la Comisión a que cumpla plenamente con su papel en el marco de los trabajos de la Conferencia de La Haya y se insta a la Comisión a que adopte medidas para garantizar que la UE ratifica el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la protección de los niños (punto 37).
• Se decide crear un foro interparlamentario dedicado a los trabajos de la Conferencia de La Haya. Se señala que la promoción en la Conferencia de La Haya de la autonomía de las partes en las relaciones contractuales internacionales tiene tales consecuencias desde el punto de vista de la posibilidad de soslayar disposiciones jurídicamente vinculantes que es necesario garantizar que esta cuestión sea objeto de debate y reflexión en foros democráticos a escala internacional (punto 38).

Documentos relacionados:

• COM(2010) 171 final (Bruselas, 20.4.2010): Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos. Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo.
• Proyecto de Informe elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos.
• Informe de 24.9.2010, presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Sobre el tema véase el blog de Marina Castellaneta

Bibliografía (Novedad editorial)

Acaba de aparecer el libro "La sustracción de menores en la UE", del que es autora Celia M. Caamiña Domínguez, Profesora Ayudante Doctor de Derecho Internacional Privado (Universidad Carlos III de Madrid) y publicado por la Editorial COLEX.

El presente estudio tiene por objeto examinar la regulación existente, en Derecho Internacional Privado, en materia de sustracción intracomunitaria de menores. Se trata, por tanto, de dar respuesta a los casos de menores que, teniendo su residencia habitual en un Estado miembro, son trasladados o retenidos ilícitamente en otro Estado miembro.
El libro aborda las novedades que el Reglamento (CE) 2201/2003 introduce en la lucha contra la sustracción intracomunitaria de menores. Partiendo de la regulación del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, el Reglamento establece una serie de correcciones para la aplicación del texto convencional entre los Estados miembros. De este modo, la estructura del trabajo gira en torno a las correcciones realizadas por el Reglamento, articulándose en cinco capítulos. En el primero de ellos se examinan los aspectos más relevantes del ámbito de aplicación del Reglamento que afectan a las sustracciones intracomunitarias de menores. En el segundo capítulo se estudian las correcciones que el Reglamento hace al Convenio, centrándose en cómo se ve afectado el procedimiento que el texto convencional establece para solicitar la restitución de un menor. En el tercer capítulo se parte del supuesto de que el procedimiento llevado a cabo en virtud del Convenio –-con la correcciones del Reglamento-- ha finalizado con una orden de no restitución, examinándose qué tribunales son competentes para pronunciarse en materia de responsabilidad parental, tras una orden de no restitución dictada por los tribunales del Estado miembro en el que se encuentra el menor como consecuencia de su traslado o retención ilícitos. En el cuarto capítulo se analiza el supuesto en el que los tribunales competentes en materia de responsabilidad parental dictan, con posterioridad a la mencionada orden de no restitución, una decisión que implica el retorno del menor. De este modo, el capítulo se centra en la supresión del exequátur de ciertas resoluciones que implican la restitución de menores, estudiándose también la supresión del exequátur de las resoluciones sobre derecho de visita, si bien en el ámbito de la sustracción intracomunitaria de menores. Por último, en el quinto capítulo se analiza el procedimiento de ejecución de las resoluciones que se benefician de la supresión del exequátur en el ámbito del Reglamento.

Extracto del índice:

CAPÍTULO PRIMERO - EL REGLAMENTO 2201/2003: ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. Introducción
2. Conceptos básicos
A) El concepto de menor
B) El concepto de traslado o retención ilícitos

CAPÍTULO SEGUNDO - CORRECCIONES AL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980
1. Introducción
2. Requisitos generales
A) Plazo de seis semanas
B) Audiencia del solicitante de la restitución
C) Audiencia del menor
3. Motivos de denegación del retorno del menor
A) Transcurso de menos de un año entre el traslado o retención ilícitos y la solicitud de retorno del menor
B) Transcurso de más de un año entre el traslado o retención ilícitos y la solicitud de retorno del menor: Integración del menor en el nuevo medio

CAPÍTULO TERCERO - PROCEDIMIENTO POSTERIOR A UNA RESOLUCIÓN DEL ESTADO MIEMBRO REQUERIDO DE NO RESTITUCIÓN
1. Introducción
2. La competencia judicial internacional para decidir sobre la responsabilidad parental del menor que ha sido objeto de sustracción
A) Introducción
B) La competencia judicial internacional para adoptar medidas provisionales o cautelares
C) La conservación de la competencia judicial internacional por los tribunales del Estado miembro de origen y sus excepciones
D) La posibilidad de acudir a otros foros
3. La demanda posterior a una orden de no restitución

CAPÍTULO CUARTO - LA SUPRESIÓN DEL EXEQUÁTUR EN EL R 2201/2003
1. Introducción
2. Origen
3. La supresión del exequátur de las resoluciones sobre restitución de menores en el R 2201/2003
A) Resoluciones de restitución de menores incluidas en su ámbito de aplicación
B) Requisitos para emitir el certificado del art. 42 R 2201/2003
C) Efectos del certificado
4. La supresión del exequátur de las resoluciones sobre derecho de visita
A) Resoluciones sobre derecho de visita que se benefician de la supresión del exequátur
B) Requisitos

CAPÍTULO QUINTO - EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE RESTITUCIÓN DE MENORES
1. Aspectos básicos
2. Resoluciones no ejecutables
A) La incompatibilidad de resoluciones
B) La modificación de las circunstancias
3. Particularidades de las resoluciones sobre derecho de visita

CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA

Ficha técnica:

Celia M. Caamiña Domínguez
"La sustracción de menores en la Unión Europea"
Editorial COLEX - Madrid, 2010
176 págs. - 35 €
ISBN: 9788483422748

DOUE de 20.11.2010

Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

Nota: Ante la relación de colaboración entre ambas instituciones, prevista en el nuevo art. 295 del TFUE, ambas instituciones han aprobado una serie de medidas, recogidas en el acto, cuyo objeto es reforzar la responsabilidad y la legitimidad de la Comisión, ampliar el diálogo constructivo, mejorar la circulación de la información entre ambas instituciones y mejorar la cooperación en materia de procedimientos y de planificación (véase el apartado I.1).

[DOUE L304, de 20.11.2010]

Jurisprudencia

Audiencia Provincial de Castellón, Sección 1ª, Sentencia de 8 Jun. 2010, rec. 59/2010: Abandono de familia. Matrimonio de guineanos celebrado en el extranjero que fija su domicilio en España. El acusado abandona voluntariamente el domicilio familiar sin prestar desde entonces asistencia alguna a sus tres hijas menores de edad, sin mantener contacto con ellas ni contribuir al sostenimiento de las cargas de su crianza. Elementos del tipo. Aplicabilidad al matrimonio de la legislación nacional del lugar de celebración y aplicación de la legislación española a la relación paterno filial, por haber obtenido el acusado la nacionalidad española y ostentarla también las hijas por nacimiento en España, donde residen. Existencia de un deber universal de actuación en interés del niño, reconocido tanto por imperativo de la legislación guineana como por la española, de atender las necesidades de los menores y velar por el desarrollo de sus hijos. Competencia territorial. Determinación del «forum delicti comissi» para el enjuiciamiento del delito de abandono de familia por incumplimiento de los deberes inherentes a la condición de progenitor del art. 226 CP. Ha de atenderse al lugar donde se encuentra el necesitado, o lo que es lo mismo, el sujeto pasivo del delito, en el momento de la comisión del delito. Carácter indisponible de la competencia. La teoría de la ubicuidad considera que el delito se comete en cualquier lugar en el que éste manifiesta sus efectos. Es competente el Juzgado del domicilio donde está ubicado el domicilio familiar.

Ponente: Fernández Hernández, Antonio.
Nº de Sentencia: 217/2010
Nº de Recurso: 59/2010
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 7511, Sección La Sentencia del día, 17 Nov. 2010

BOE de 12.11.2010

Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007.

Nota: El art. 38 regula las medidas de cooperación internacional.
El Convenio entrará en vigor para España el 1.12.2010.

[BOE n. 274, de 12.11.2010]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (9.11.2010)

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 9 de noviembre de 2010, en el Asunto C-296/10 (Purrucker): Cooperación judicial en materia civil – Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental – Reglamento (CE) nº 2201/2003 – Litispendencia – Procedimiento sobre el fondo del asunto en materia de derecho de custodia de un menor y demanda de medidas provisionales relativa al derecho de custodia del mismo menor.

Fallo del Tribunal:
"Lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, no es aplicable cuando a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se ha presentado en primer lugar una demanda para que se adopten medidas en materia de responsabilidad parental solo se le solicita que resuelva sobre las medidas provisionales, en el sentido del artículo 20 de este Reglamento, y a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, competente para conocer del fondo del asunto, en el sentido de dicho Reglamento, se le presenta en segundo lugar una demanda que tiene por objeto que se adopten las mismas medidas, sea con carácter provisional o sea con carácter definitivo.
El hecho de que se incoe ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro un procedimiento de medidas provisionales o de que se adopte una resolución en el marco de un procedimiento de este tipo y que no se desprenda de ningún elemento de la demanda planteada, o de la resolución adoptada, que el órgano jurisdiccional ante el que se ha incoado el procedimiento de medidas provisionales es competente, en el sentido del Reglamento nº 2201/2003, no excluye necesariamente que exista, según lo permita eventualmente el Derecho nacional de ese Estado miembro, una demanda sobre el fondo vinculada a la demanda de medidas provisionales y que contenga datos que demuestren que el órgano jurisdiccional ante el que se ha planteado el asunto es competente, en el sentido de este Reglamento.
Cuando, a pesar de los esfuerzos realizados por el órgano jurisdiccional ante el que se plantea el asunto en segundo lugar para recabar información de la parte que alega la litispendencia, del primer órgano jurisdiccional y de la autoridad central, el segundo juez no disponga de ningún dato que permita determinar el objeto y la causa de una demanda interpuesta ante otro órgano jurisdiccional y que demuestre, en particular, la competencia de este órgano conforme al Reglamento nº 2201/2003, y cuando, debido a circunstancias particulares, el interés del menor exija la adopción de una resolución judicial que pueda ser reconocida en otros Estados miembros distintos del Estado miembro del segundo órgano jurisdiccional, le compete a este, después de esperar respuesta, durante un plazo razonable, a las preguntas formuladas, continuar el examen de la demanda que se le haya planteado. La duración de este plazo razonable debe tener en cuenta el interés superior del menor en función de las circunstancias propias del litigio en cuestión."

Antecedentes: [Véanse los apartados 13 y ss. de la sentencia]
A mediados de 2005, la Sra. Purrucker, de nacionalidad alemana, se trasladó a vivir a España con el Sr. Vallés Pérez, nacional español nacido en Alemania. De su relación nacieron en mayo de 2006 los mellizos Merlín y Samira. El Sr. Vallés Pérez reconoció a los menores como hijos suyos y, de conformidad con el ordenamiento español y dado que los padres vivían juntos, ambos son titulares de manera conjunta del derecho de custodia. Los menores poseen las nacionalidades alemana y española.
Deteriorada la relación, la Sra. Purrucker quiso regresar a Alemania con los menores, a lo que el Sr. Vallés Pérez se opuso en un primer momento. En enero de 2007, las partes suscribieron un convenio ante notario --que necesitaba de aprobación judicial para su plena eficacia--, con arreglo al cual la Sra. Purrucker debía trasladarse a Alemania con los menores.
Debido a complicaciones y a la necesidad de ser sometida a una intervención quirúrgica, la menor Samira no pudo abandonar el hospital en la fecha prevista para el viaje. Ante ello, la Sra. Purrucker se marchó a Alemania con su hijo Merlín el 2.2.2007. Desde ese momento no ha variado la residencia de los miembros de la familia.
Así las cosas, en la actualidad existen tres procedimientos pendientes entre las partes.

1) Procedimiento incoado en España para la adopción de medidas provisionales relativas a la custodia de los menores y, eventualmente, para la obtención de una resolución sobre el fondo.
Al no sentirse ya vinculado por el convenio suscrito ante notario, el Sr. Vallés Pérez inició en junio de 2007 ante el JPI nº 4 de San Lorenzo de El Escorial un procedimiento para la adopción de medidas provisionales y, en particular, para la atribución del derecho de custodia de los menores Merlín y Samira. La vista se celebró en septiembre de 2007, estando la Sra. Purrucker representada en ella y presentando observaciones escritas.
Mediante auto de 8.11.2007, el JPI se consideró competente y adoptó medidas provisionales urgentes, en particular respecto al derecho de custodia de los menores. Esta resolución fue objeto de un auto de rectificación de 28.11.2007. De acuerdo con el Derecho español, cuando las medidas provisionales se solicitan y se adoptan con carácter previo a la demanda sobre el fondo del asunto, sus efectos solo subsisten si se presenta la demanda contenciosa principal dentro de los treinta días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.
En torno a enero de 2008, en una fecha no determinada, el Sr. Vallés Pérez interpuso una demanda sobre el fondo del asunto ante el JPI nº 4 de San Lorenzo de El Escorial, a lo cual la Sra. Purrucker alega su interposición fuera de plazo.
Mediante auto de 28.10.2008, el JPI se considera el «órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda» y se declara competente para conocer del asunto, con arreglo al art. 16 del Reglamento Bruselas II. La AP de Madrid, mediante auto de 21.1.2010, confirmó la resolución de 28.10.2008, recurrida por la Sra. Purrucker.

2) Procedimiento incoado en Alemania para que se concede el exequátur del auto de 8.11.2007 dictado por el JPI de San Lorenzo de El Escorial.
Se trata del procedimiento que dio origen a la sentencia TJUE de 15.7.2010 (Asunto C-256/09). El Sr. Vallés Pérez había exigido en un primer momento la restitución del menor Merlín e interpuesto, como precaución, una demanda con objeto de que se declarase la fuerza ejecutiva del auto dictado en noviembre de 2007 por el JPI español. Posteriormente, solicitó con carácter prioritario que se concediese el exequátur de dicha resolución. El Amtsgericht Stuttgart, mediante una resolución de 3.7.2008, y el Oberlandesgericht Stuttgart, por medio de una resolución de 22.9.2008 dictada en apelación, acordaron conceder el exequátur de dicho auto.
Con motivo del recurso de casación interpuesto por la Sra. Purrucker, el Bundesgerichtshof alemán planteó al TJUE una cuestión prejudicial, que fue resuelta por la citada sentencia de julio de 2010.

3) Procedimiento incoado en Alemania para la atribución del derecho de custodia.
El 20.9.2007, la Sra. Purrucker solicitó al Amtsgericht Albstadt que se le atribuyese la custodia exclusiva de los menores Merlín y Samira. Esta demanda se notificó al demandado, mediante carta certificada con acuse de recibo, el 22.2.2008. No obstante, él ya había tenido conocimiento anteriormente de esta demanda, al igual que el JPI de San Lorenzo de El Escorial.
De las resoluciones del Amtsgericht Albstadt de 25.9.2007 y de 9.1.2008 se desprende que, según este órgano jurisdiccional, la petición de la Sra. Purrucker no tenía ninguna perspectiva de prosperar. Dado que los padres no estaban casados y que no parecía existir declaración de custodia compartida la Sra. Purrucker era titular de la custodia exclusiva de los menores, de modo que no era necesaria una resolución de atribución del derecho de custodia.
Mediante resolución de 19.3.2008, el Amtsgericht Albstadt desestimó por falta de competencia la demanda de la Sra. Purrucker, resolución que fue confirmada el 5.5.2008 por el Oberlandesgericht Stuttgart. Para este último, la menor tenía desde su nacimiento su residencia habitual en España, no siendo de aplicación ni el art. 9 del Reglamento Bruselas II ni se cumplían los requisitos de su art. 15.
Mediante resolución de 19.3.2008, el Amtsgericht Albstadt suspendió el procedimiento en materia de custodia respecto al menor Merlín en virtud del art. 16 del Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Este procedimiento se reabrió el 28.5.2008 a petición de la Sra. Purrucker porque, hasta esa momento el Sr. Vallés Pérez no había presentado demanda de restitución sobre la base del Convenio de La Haya de 1980.
A causa de la demanda de ejecución del auto del JPI de El Escorial de 8.11.2007, interpuesta por el Sr. Vallés Pérez, el procedimiento sobre el derecho de custodia se asignó al Amtsgericht Stuttgart.
Basándose en el art. 20 del Reglamento Bruselas II, el 16.7.2008, la Sra. Purrucker interpuso ante el Amtsgericht Stuttgart una demanda que tenía por objeto la obtención de una medida provisional de atribución de la custodia exclusiva de su hijo Merlín o, subsidiariamente, del derecho a decidir por sí sola la residencia de este menor. Mediante resolución de 28.7.2008 se desestimó la medida solicitada por no existir urgencia, en el sentido del art. 20 del Reglamento Bruselas II.
En los meses de agosto, septiembre y octubre de 2008, el Amtsgericht Stuttgart intentó repetidas veces y por distintos medios, sobre todo a través de la intervención del magistrado español de enlace de la Red Judicial Europea (RJE), ponerse en contacto con el JPI de San Lorenzo de El Escorial con el fin de saber si ante este había pendiente también un procedimiento sobre el fondo del asunto. Sus esfuerzos no dieron resultado.
El 28.10.2008, el Amtsgericht Stuttgart adoptó una resolución en la que expuso las gestiones realizadas ante el magistrado español de enlace y la ausencia de respuesta por parte del JPI. Pidió a las partes que indicaran y probaran la fecha de la demanda de medidas provisionales presentada por el padre en España, la notificación del auto del JPI de 8.11.2007, así como la presentación de la demanda sobre el fondo del asunto por parte del padre en España y la fecha de la notificación de esta demanda a la madre.
En el mismo mes de octubre de 2008, el JPI de El Escorial adoptó la resolución ya citada, en la que hace referencia al escrito que le dirigió el Amtsgericht Stuttgart.
Después de haber instado a las partes a pronunciarse de nuevo, el Amtsgericht Stuttgart adoptó una resolución el 8.12.2008, en la que estimó que no podía resolver la cuestión de cuál era «el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda» porque ello menoscabaría la seguridad jurídica, toda vez que dos órganos jurisdiccionales de dos Estados miembros diferentes podrían llegar a adoptar resoluciones contradictorias. La cuestión debía resolverla el órgano jurisdiccional que declaró su competencia en primer lugar, por lo que el Amtsgericht decidió suspender el procedimiento con arreglo al art. 19. 2 del Reglamento Bruselas II hasta que el auto del JPI de 28.10.2008 adquiriese fuerza de cosa juzgada.
La Sra. Purrucker recurrió contra la resolución del Amtsgericht Stuttgart de diciembre de 2008 y el 14.5.2009 el Oberlandesgericht Stuttgart anuló esa resolución, devolviendo el asunto al Amtsgericht Stuttgart para que se pronunciase de nuevo.
Mediante resolución de 8.6.2009, el Amtsgericht Stuttgart instó nuevamente a las partes a que le indicaran en qué estadio se encontraba el procedimiento incoado en España y a pronunciarse acerca de la posibilidad de remitir al TJUE la cuestión prejudicial relativa a la determinación de ante qué órgano jurisdiccional se había planteado el asunto en primer lugar. Mediante resolución de 19.10.2009, el Amtsgericht propuso infructuosamente a las partes llegar a un acuerdo. El 13.1.2010, el Amtsgericht celebró una vista con las partes del litigio principal, en la que el Sr. Vallés Pérez estuvo representado por su abogado, no consiguiéndose ni un entendimiento entre las partes ni un acercamiento de sus posturas.
Mediante el citado auto de 21.1.2010, la AP de Madrid resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Purrucker, auto que fue comunicado al Amtsgericht Stuttgart por medio de un escrito del abogado alemán del Sr. Vallés Pérez.

Nota: El Matrimonio Purrucker/Vallés ya ha obtenido su segunda sentencia dictada por el TJUE, igualando así el record establecido por el matrimonio De Cavel. Véanse las entradas del blog Conflictus Legum de 15.7.2010 y de día 14.8.2010. Como puede verse, no es descartable que sus eternas desavenencias familiares acaben deparándonos una tercera sentencia del Tribunal comunitario.

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2010, en el Asunto C-137/08 (VB Pénzügyi Lízing): Directiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores – Criterios de apreciación – Examen de oficio, por el juez nacional, del carácter abusivo de una cláusula atributiva de competencia – Artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 23, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se opone a una disposición de Derecho nacional que establece que el juez que inicie un procedimiento prejudicial lo comunicará de oficio, simultáneamente, al Ministro que, en el Estado miembro de que se trate, sea competente en materia de Justicia.
2) El artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», a la que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y el anexo de esta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la Directiva, entendiéndose que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta dichos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual particular en función de las circunstancias propias del caso.
3) El juez nacional debe acordar de oficio diligencias de prueba para determinar si una cláusula atributiva de competencia jurisdiccional territorial exclusiva, que figura en el contrato que es objeto del litigio del que conoce y que se ha celebrado entre un profesional y un consumidor, está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, en caso afirmativo, apreciar de oficio el carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula."

BOE de 9.11.2010

Orden JUS/2871/2010, de 2 de noviembre, por la que se determinan los requisitos y condiciones para tramitar por vía telemática las solicitudes de los certificados de antecedentes penales.

[BOE n. 271, de 9.11.2010]

Bibliografía (Artículo doctrinal) - Arbitraje

El supuesto arbitraje administrativo de la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre
Beatriz BELANDO GARÍN, Profesora Titular de Derecho Administrativo (Universitat de València - Estudi General)
Diario La Ley, Nº 7504, Sección Tribuna, 8 Nov. 2010

La reforma de la Ley 60/2003, de Arbitraje, pretende impulsar las vías de resolución de conflictos alternativas a las judiciales (arbitraje, conciliación y mediación) con el objetivo de reducir la carga de trabajo de Jueces y Tribunales. Entre las novedades más destacadas de este proyecto se encuentra la creación de un pretendido arbitraje administrativo para resolver las controversias jurídicas que se susciten entre las diversas entidades que integran el sector público estatal.

Nota: Véase el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, así como la entrada del blog Conflictus Legum del día 10.9.2010.

Entrada en vigor para España del Convenio de La Haya de 1996 sobre protección de los niños

En los últimos meses varios Estados comunitarios han ratificado el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996. Entre estos países se encuentra España, junto con Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Rumanía (todavía queda pendiente de ratificación por Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Rino Unido y Suecia).
Sobre la problemática ratificación del texto convencional por los países comunitarios, véase la entrada del blog Conflictus Legum del día 10.2.2010.

España ya formuló en el año 2003 la declaración que le venía impuesta por la Decisión del Consejo 2003/93/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que las resoluciones dictadas en los Estados miembros en relación con una materia del Convenio se reconocerán y declararán ejecutivas en España mediante las correspondientes normas del Derecho comunitario; es decir, mediante el Reglamento (CE) nº 2201/2003 (Reglamento de Bruselas II).
El pasado 6 de septiembre, fecha de la ratificación por España del texto convencional, nuestro país realizó diversas declaraciones, relacionadas con la aplicación del texto convencional en Gibraltar, con las demandas previstas en el art. 34.1, así como con las medidas adoptadas en relación con los niños situados en su territorio.

De conformidad con el art. 61.2.a), el Convenio entrará en vigor para España el 1 de enero de 2011.
Según lo dispuesto en el art. 51 del texto convencional, sustituye al Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores, así como al Convenio para regular la tutela de los menores, firmado en La Haya el 12 de junio de 1902, todo ello "sin perjuicio del reconocimiento de las medidas adoptadas según el Convenio de 5 de octubre de 1961".

Agradezco al Profesor Pietro Franzina (Università degli Studi di Ferrara) que me haya proporcionado la noticia.